De cipayos y catastros. Por Mempo Giardinelli
La cuestión no es solamente que el súbdito británico Joe Lewis se adueñó del precioso Lago Escondido en la Patagonia. Tiene más, incluyendo aeropuerto propio estilo Anillaco pero en la costa rionegrina, mirando a las Malvinas y con inocente nombre: «Aeródromo Bahía Dorada». Que en realidad dicen que parece una base militar británica en nuestra costa y a dos horas de las Islas usurpadas. De donde la pregunta sería ¿cómo es posible que haya argentinos y argentinas capaces no sólo de aceptarlos sino también de servirlos, atenderlos y, como se dice en vulgo, chuparles la media sonriendo y mirándolos a los ojos?
Estos sujetos y sujetas, que aunque duela decirlo son millares en la Argentina, no son conscientes –en el mejor de los casos– de su grado de colonización, mental y espiritual. «Por Punta del Este se empieza y se acaba en Miami», decía noséquién. Ignorantes pero vistosos, esos coterráneos –y sobre todo ahora, que ya casi no hay educación nacional– son cipayos y no lo saben. Por eso corresponde desasnarlos, asistidos por la Historia.
Cipayos eran los soldados de la India, en los siglos 18 y 19, al servicio de Francia, Portugal y Gran Bretaña. La etimología del vocablo no está clara, aunque el diccionario de la Real Academia Española dice que podría proceder del portugués sipay, a su vez derivado del persa sepāhi (“soldado”). Como fuere, el término se extendió haciendo referencia a nativos de las colonias que, reclutados por los europeos, se prestaban a reprimir militarmente a sus propios compatriotas y por razones de ignorancia o monetarias. Otras fuentes dicen que los primeros cipayos sirvieron al sultán otomano Mehmed II cuando en 1453 conquistó Constantinopla y acabó con el Imperio Romano.
Los cipayos, además, en tiempos de paz recaudaban impuestos para sus amos y también por eso eran repudiados como mercenarios apátridas. Hasta hace poco en el País Vasco se llamaba así, despectivamente, a los policías (la Ertzaintza). Y en América Latina el vocablo –duro insulto– alude más bien a intelectuales y dirigentes políticos que operan al servicio de potencias extranjeras y boicotean los intereses nacionales o continentales. En Argentina el término se hizo popular para designar, despreciativo, al antiperonismo.
Como sea, lo que más actualidad tiene hoy en nuestro país, en estos tiempos de dudas e incertidumbres, son las evidencias de que conductas cipayas han tenido y tienen mucho que ver con las constantes genuflexiones que nos colocaron en la actual fragilidad. No de otro modo hubiese llegado el FMI a constituirse en acreedor, árbitro y seguro verdugo de la economía nacional, hoy fragilizada como nunca antes y destruído ya gran parte del sistema productivo, con peligro evidente para casi todas las conquistas sociales del peronismo original hasta la fecha.
Por eso mismo, y en un esfuerzo de vía propositiva, esta columna impulsa desde hace tiempo y sotto voce una idea que ahora –thanks Joe– parece oportuno ponerla sobre el tapete de los debates republicanos: la de que el gobierno nacional debería dar a conocer y hacer público un Catastro Nacional, provincia x provincia y municipio por municipio. Sólo así se verá si la Argentina sigue siendo de los argentinos o si los propietarios extranjeros son demasiados y ya es hora de aplicar la Constitución y las leyes limitativas.
En realidad, en este país parece que nadie sabe cuánto del territorio nacional, interior o insular, está ocupado por extranjeros. Como tampoco sabemos en qué dudosas legalidades se amparan las ocupaciones territoriales, vía testaferros. Es obvio y evidente que mantener al pueblo argentino en la ignorancia de todo esto no es una casualidad. Por eso urge hacer un Catastro Nacional veraz y confiable. Y entonces exponerlo a la nación.
Y es que es universal que la principal arma de sometimiento que se aplica para robar territorios –y con ellos los bienes naturales de que están llenos el suelo y el subsuelo de nuestra Patria– es la mentira, el engaño y ocultar la verdad. Lo que se ha evidenciado con los casos Lewis, Benetton y seguramente muchos más, es que nunca se sabe quiénes son los dueños de la tierra en la Argentina, ni si las mensuras son reales. Y es evidente que la misión de los mentimedios y la telebasura es consolidar todo engaño a la ciudadanía.
Por eso no importa tanto si los «propietarios» se llaman Lewis, Benetton, De Null o Mongo. Lo fundamental es que la República Argentina y su pueblo no saben exactamente dónde, desde cuándo y cuánta superficie está en manos de extranjeros avalados por cipayos locales.
Es un derecho, pero sobre todo un deber, saber exactamente quiénes son los dueños de cada metro cuadrado de la Argentina. Sólo así podrá determinarse si esas propiedades devienen de adquisiciones, «obsequios» gubernamentales y/o cesiones o concesiones irregulares. Sean argentinos o no; sean personas físicas, familias, sociedades anónimas, dizque «inversiones» o juguetes de millonarios, ya es hora de reclamar lo que desde 1810 se niega, oculta y falsea.
Es urgente que el gobierno nacional ponga en conocimiento público, para los 46 o 47 millones de compatriotas, el Catastro Nacional, provincia x provincia y municipio x municipio, para que todos y todas sepamos exactamente, y sin «polémicas», quiénes ocupan nuestro territorio. Sólo ese catastro permitirá saber si la Argentina sigue siendo de los argentinos. Y todo eso debería ser analizado por una comisión especial de argentinos honorables.
Por eso esta columna admite soñar con una Comisión Nacional de Identificación Territorial (Conaite, o algo así) que sería el arma pacífica fundamental, porque fundamental es el conocimiento. Hay que acabar con la patraña malévola por la cual hoy nadie tiene ni muestra públicamente esta información, con lo que así todo aparece fragmentado adrede. Y esto desde por lo menos las dictaduras iniciadas en septiembre de 1955.
Claro que no será sencillo conseguir esta info. Las barreras municipales suelen ser infranqueables. O mienten o confunden. Y así desde cualquier instancia de poder se desalienta toda investigación. Porque saben que ese catastro es el arma fundamental para toda reafirmación de Soberanía.
Esta columna se atreve a afirmar que si no se hace público este gran Catastro Nacional –que muestre y haga pública la tenencia y propiedad de la tierra, y también de los ríos, mares, costas e islas que reivindica y protege la República Argentina– la Soberanía será otra «hermanita perdida». Hay que exigir por eso que este Catastro sea público y abierto para conocimiento de nuestro pueblo. Y también para impedir que sigan formándose latifundios empresariales o familiares, extranjeros o no, que son formas medievales de colonización. Hay que terminar con eso y así fortalecer el arraigo de pueblos originarios y demás productores.
Se trata de una revolución conceptual, primero, y después vendrá la revolución productiva verdadera: limpia, pacífica, sana, equitativa y orgullosamente soberana. Y cuyo principio basal ha de ser la equidad impositiva.
Todo esto que parece un sueño es perfectamente posible. Sólo así se verá si la Argentina sigue siendo de los argentinos.
