¿De qué se trata el Proyecto que prevé la Reforma del Consejo de la Magistratura?
Uno de los temas claves en la “Agenda Extraordinaria” del Congreso (que se comenzará a discutir desde el próximo martes) es que el que refiere al Proyecto que definirá una nueva composición del Consejo de la Magistratura, luego de que la Corte Suprema estableciera que su actual composición de 13 miembros es «inconstitucional».
Esto llevó al gobierno nacional a dos opciones: impulsar una nueva ley que reemplace la del 2006 (impulsada por Cristina Fernández cuando era senadora) antes de que se cumplan los 120 días del dictado de la sentencia o retrotraer la composición del Consejo a sus originales 20 integrantes.
Así entonces, el Presidente, elevó la propuesta “ofiacllista” al Consejo, presentada el 6 de diciembre pasado -diez días antes del fallo de la Corte-, lleva la firma del presidente Alberto Fernández y propone ampliar el organismo a 17 miembros y que la mitad de ellos sean mujeres.
El proyecto del Ejecutivo agrega dos abogados, un juez y un miembro del sector académico y entiende que así se equilibra la relación de fuerza entre los sectores que componen el Consejo.
La iniciativa ingresó por el Senado y todo indica, según fuentes parlamentarias, que el oficialismo cuenta con los votos para otorgar media sanción a la iniciativa y girarla a la Cámara de Diputados.
Los Proyectos Opositores
Acaso el más representativo es el presentado por el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, donde apunta a restituir el número de 20 miembros a ese cuerpo, que actualmente cuenta con 13.
De acuerdo con esa propuesta, el Consejo de la Magistratura estará conformado por el presidente de la Corte Suprema, un representante del Poder Ejecutivo, y cuatro diputados y cuatro senadores, de los cuales cada cámara del Congreso debe elegir dos integrantes por la primera minoría, una por la segunda fuerza y otro por la tercera fuerza.
También propone que haya cuatro representantes de los Abogados de la Matrícula Federal: que deberán ser elegidos directamente por los profesionales; dos por la Capital Federal y dos por el interior, cumpliendo con la equidad de género.
Incluso fija que habrá cuatro jueces elegidos directamente por los magistrados; dos por la ciudad de Buenos Aires y dos por el interior, preservando la equidad de género.
A su vez detalla que deberá haber dos representantes de las Facultades de Derecho, cuya dupla debe ser elegida por los académicos teniendo en cuenta la equidad de género y que uno de los dos integrantes represente a las universidades que tienen asiento en el interior del país.
Se establece que los procesos disciplinarios en la comisión no podrán extenderse por un plazo mayor de un año contado a partir del momento en que se presente la denuncia contra el magistrado. A partir de ese momento, el expediente pasará al plenario para su inmediata consideración y resolución.
Ese mismo plazo de un año se aplicará para los pedidos de juicio político.
El diputado del PRO, Pablo Tonelli, también presentó su proyecto, que propone establecer 14 miembros, para lograr «el equilibrio entre los estamentos políticos (poderes Ejecutivo y Legislativo) y técnicos (abogados, jueces y académicos)».
Asimismo, la iniciativa del diputado del PRO propone, entre otros ítems, «subsanar la inconstitucionalidad que generó la ley 26.080, mantenida en la reforma de la ley 26.588, que suprimió la representación de la Corte Suprema en el estamento de los jueces».
El proyecto de Tonelli propone establecer 14 miembros.
Según argumentó el diputado al presentar su iniciativa, «el artículo 114 es claro cuando dice que en el Consejo de la Magistratura debe haber representantes ‘de los jueces de todas las instancias’, por ello en nuestro proyecto se prevé la presencia de un representante de la Corte Suprema».
El proyecto de Tonelli también incorpora la posibilidad de que cada estamento pueda elegir como su representante a una persona que no forme parte del mismo. En otras palabras, que el representante electo por el estamento desempeñe exclusiva y específicamente esa función pública, sin acumularla con otra.
De esta manera, la composición propuesta de 14 miembros quedaría establecida de la siguiente manera: un representante de la Corte Suprema, tres representantes de los jueces del Poder Judicial de la Nación, cuatro representantes del Congreso de la Nación, cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo y un representante del ámbito académico y científico.
En tanto, el diputado por Formosa Fernando Carbajal también trabaja en un proyecto que busca reformar el Consejo de la Magistratura. Entre otros ejes, el radical propone reducir el órgano a siete miembros.
Para Carbajal, los senadores y el Poder Ejecutivo deberían quedar excluidos porque ambos intervienen en la etapa posterior de designación. Su intervención en la instancia de selección, para el magistrado, es «sobreabundante».
Así, para el radical, la representación política puede reducirse a tres representantes de los diputados (dos por la mayoría y uno por la minoría); además de un representante de la los jueces y un representante de los abogados, en ambos casos elegidos por el voto directo y con el sistema de boleta única.
El formoseño propone reducir el órgano a siete miembros.
A esto le sumaría un representante del ámbito académico y científico, elegido por voto directo y con el sistema de boleta única, por los profesores titulares y adjuntos por concurso de las Universidades nacionales y otro representante de los ciudadanos, elegido por sorteo entre una listado de ciudadanos conformado por inscripciones voluntarias y a propuesta de las asociaciones civiles.
El Fallo de la Corte
Apenas se difundió el fallo de la CSJ (detallado párrafos arriba) el Consejo inició una ronda de consultas entre los representantes de jueces y abogados para organizar las elecciones de los nuevos miembros.
La Corte dispuso que el Consejo debe volver a la conformación sancionada en 1999, modificada luego en 2006, de 20 miembros y para eso se deben elegir dos abogadas, una jueza y un académico o académica.
Para este trámite, el fallo otorgó un plazo de 120 días que comenzó a correr el 16 de diciembre, cuando el máximo tribunal firmó su decisión.
En ese plazo, que vencerá el 15 de abril próximo, para seguir funcionando el Consejo deberá supervisar la elección de dos abogadas sobre un universo de asistencia de unos 25 mil matriculados en todo el país, según la última elección de consejeros.
Además, los magistrados también deberán elegir a su consejera, en unos comicios más reducidos con una estimación de participación de alrededor de mil jueces de todos los distritos judiciales.
Y finalmente los rectores de las universidades públicas nacionales y provinciales, nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), tendrán que designar a su representante.
Todas estas condiciones que el Consejo trata de cumplir contrarreloj, podrían quedar abstractas si el Congreso logra consensuar una norma y aprueba una ley antes del 15 de abril.
¿Reforma o no Reforma?
«Acá la clave está en la integración del Consejo porque la inconstitucionalidad que declaró la Corte fue por la falta de equilibrio en la representación de los estamentos. Y la integración que propone el oficialismo es razonable», sostuvo el diputado del Pro que integra el Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, en diálogo con Página 12, semanas atras.
Tonelli, que también tiene su propio proyecto de reforma, insiste en tratar el tema en extraordinarias, aunque sea la iniciativa del oficialismo. El diputado, sin embargo, presenta dos objeciones: que el modo de elección de algunos estamentos, como el de los académicos, no sea elegido directamente por sus pares; y que no incorpore la presencia de un juez de la Corte en la composición. «El proyecto del Ejecutivo no excluye la posibilidad de que uno de los cuatro jueces que integran el Consejo sea un juez de la Corte, pero no lo dice de manera expresa. Esto va a ser un tema difícil a resolver porque el FdT no quiere de ninguna manera que haya un juez de la Corte, pero lo iremos viendo», analizó.
«Con el fallo de la Corte pesa sobre el Congreso un mandato muy fuerte que exige reformar la ley, por lo cual es razonable que el tema se debata en extraordinarias. Pero es un tema que lleva debate: los proyectos judiciales del FdT generan cierta sensibilidad porque siempre despiertan desconfianza sobre cuáles son sus intenciones», reflexionó Alejandro Cacace, diputado de Evolución (bloque radical que se escindió de la UCR comandada por Mario Negri).
«Si vos me preguntas si hoy están dadas las condiciones para llegar a acuerdos políticos institucionales entre oficialismo y oposición te digo que no, porque todas las iniciativas judiciales del oficialismo generan rispideces. Pero hay un mandato de la Corte muy contundente de solucionarlo antes de los 120 días y hay que cumplirlo», afirmó.
Por el lado de la Coalición Cívica aseveran que «La reforma del Consejo de la Magistratura no va a suceder. Si no nos pudimos poner de acuerdo con lo del Ministerio Público o temas más sencillos, me parece difícil que en leyes de este tenor institucional se logre».
«La desconfianza entre oficialismo y oposición es muy grande, por más que algún sector se ponga de acuerdo, siempre hay otro que desconfía y termina haciendo que los acuerdos fracasen. Y como la alternativa es la ley del 97″‘ sostienen por lo bajo.
El oficialismo tiene su mirada: «Está todo detonado con la oposición. Los que nos endeudaron nos piden condiciones, y ahora las reuniones quedaron en stand by»
Y agregan que «Está todo frío. Va a pasar lo mismo que con el tema reforma judicial, no va a haber ninguna voluntad de la oposición de acompañar estos proyectos».
Así las cosas. De tener “luz verde” en Senado, el Proyecto oficialista comenzará la “lucha” en la Cámara de Diputados, en donde la virtual paridad entre las dos principales coaliciones, así como la abundancia de terceras fuerzas, obliga a estar constantemente negociando acuerdos precarios.
La izquierda, por ejemplo, votó en contra en la sesión del Presupuesto pero a favor en la reforma de Bienes Personales.
En el caso de la reforma del Consejo de la Magistratura, según pudo saber este diario, votarían en contra.
El interbloque Federal, por otro lado, votó en ambas sesiones en contra, pero una de sus diputadas, Graciela Camaño, forma parte del Consejo y se especula con que también buscará darle una solución al problema.