De supremos, colaboracionistas y desmalvinizadores

Por César Trejo

Un día después de cumplirse el 190º aniversario de la usurpación británica de nuestras Islas Malvinas, la Agencia oficial nuestras Islas Malvinas, la Agencia oficial de Noticias Telam y el diario Página 12, publicaron un comunicado de prensa firmado por el ex combatiente de Malvinas Ernesto Alonso, del CECIM La Plata.
En dicho comunicado, Alonso afirmó:

«No hay soberanía posible si las instituciones de la democracia no cumplen con el mandato constitucional… la Corte Suprema no está en función de respetar y hacer valer la soberanía en nuestro territorio”.

“Si pensamos en recuperar la Soberanía en el Río Paraná, si exigimos que se concrete el Canal Magdalena, si pensamos en una Pesca Soberana con profundo Sentido Social, en proteger el medio ambiente, los bosques nativos, la soberanía alimentaria, el derecho de los pueblos a tener su tierra, en una Educación Pública y Gratuita, en la protección del Sistema de Salud y Previsional Argentino, en el desarrollo Científico y Tecnológico Nacional, en la Defensa de los Derechos Humanos, etc. Todo eso está en riesgo con esta Corte”.

“Todo eso está en riesgo si seguimos en manos de esta corporación política que no está en función de guardar el interés y el deseo de nuestro pueblo de seguir siendo una nación soberana”, concluyó.

Para quien desconoce la trayectoria de Ernesto Alonso y del CECIM La Plata, le resultará curioso que, en fecha tan significativa para nuestro reclamo contra la usurpación británica, se elija atacar a la cabeza de uno de los tres Poderes del Estado Nacional, y no a la potencia colonial que ejerce la usurpación.

Para entender de dónde viene este desatino, se impone hacer una breve descripción histórica, y algunas reflexiones políticas.

Elegir al enemigo, es tan importante como elegir a los amigos

Quien elige un enemigo trucho, no sólo se engaña a sí mismo, sino que engaña a sus seguidores, y los condena al fracaso.

Es el caso paradigmático del CECIM La Plata. Desde hace cuarenta años, vienen atacando a las Fuerzas Armadas, como si intrínsecamente fuera una institución perversa, plagada de personas malvadas, asesinas, torturadoras y genocidas.

Como lo dijimos en un escrito anterior1, esta obsesión anti-militar del CECIM La Plata es parte de una maniobra para hacer olvidar su adscripción original al Partido Comunista Argentino, que en plena dictadura, definió que había que apoyar al General Jorge Rafael Videla, porque era “un general democrático y progresista”2.

Resulta indignante y repulsivo, verificar cómo individuos y grupos políticos que promovieron el golpe militar de 1976, y que se desempeñaron como funcionarios, diplomáticos o jueces durante el gobierno totalitario del denominado “Proceso”, durante el regreso de la democracia, se travistieron en defensores acérrimos de los “derechos humanos”. Un influyente escriba de un alto jerarca de la Fuerza Aérea, y que el CECIM La Plata describe como a su “maestro”, es la versión más acabada de este tipo de colaboracionistas conversos3.

Lo cierto es que la campaña sistemática que lleva adelante el CECIM La Plata contra las instituciones castrenses, ha influido enormemente en sectores de la clase media, para consolidar la desmalvinización.

Al poner como enemigos a los propios integrantes de las fuerzas armadas argentinas que actuaron en la defensa de nuestras Islas Malvinas, encubrió durante estas más de cuatro décadas al verdadero enemigo4, que es el imperialismo anglosajón.

Poniendo el foco sobre los maltratos de los militares argentinos en perjuicio de sus subordinados –que efectivamente existieron, pero como excepción, no como regla-, distrajeron la atención sobre los verdaderos actos criminales no prescriptibles, esto es, las violaciones cometidas por las tropas británicas u ordenadas por los funcionarios del gobierno thatcheriano, durante la batalla de 1982 en el Atlántico Sur.

Durante la mayor parte de las últimas cuatro décadas, se canceló toda posibilidad de discutir sobre la reconstrucción del sistema de la Defensa Nacional y el rol de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Cada vez que alguien se atrevía a advertir sobre los perjuicios de desmantelar nuestro sistema defensivo, se lo catalogaba como “procesista”, “militarista”, “guerrerista”, etc. De esta manera, llegamos a una verdadera situación de absoluta debilidad, sin ninguna capacidad disuasiva, mientras el Reino Unido de Gran Bretaña avanzó en su agresiva política colonialista.

No es casualidad que la BBC en su versión en español5, publicara sistemáticamente las gacetillas de prensa que emitía el CECIM La Plata, como si fuera la única organización que representa a los ex soldados combatientes en Malvinas en nuestro país.  (Práctica en la que también incurre la prensa “local”, sea hegemónica o pretendidamente contra-hegemónica).

Una de las maniobras principales –no la única-, que realizó el CECIM La Plata en colaboración con el poder blando británico para demonizar a los militares argentinos, fue la promoción de denuncias de supuestas acciones criminales de militares argentinos contra sus subordinados, ante la Justicia Federal, con la pretensión que fueran caracterizadas como “crímenes de lesa humanidad”, homologables a los actos cometidos por el Terrorismo de Estado.

La fantochada jurídica

La maniobra comenzó un cuarto de siglo después del conflicto armado. Utilizando como disparador la exhibición de la película “Iluminados por el fuego”6 (sobre el libro homónimo del ex combatiente Edgardo Esteban7, adaptado al cine con guion de Miguel Bonasso y la dirección del cineasta Tristán Bauer), los integrantes del CECIM La Plata indujeron a los ex soldados combatientes que asistieron a las funciones, a denunciar los maltratos que hubieren sufrido por parte de sus superiores.

Lograron así juntar testimonios verídicos, y otros falsos, sobre maltratos cometidos por algunos militares, para llevarlos ante la Justicia Federal, y comenzar una intensa campaña mediática de denuncias por “crímenes de lesa humanidad”.

El lugar elegido fue el Juzgado Federal de Río Grande, no por casualidad. Se trata del tribunal donde ocho años antes (1999), el Ministerio Público había iniciado la investigación por los crímenes de guerra británicos, promovida por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina8 (investigación que nunca prosperó, principalmente por la “cláusula de impunidad” firmada en la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989, que dio inicio a los llamados “Acuerdos de Madrid I y II”).

El mayor “logro” de las denuncias promovidas por el CECIM La Plata contra superiores argentinos ante la Justicia Federal argentina, son los fallos emitidos por la entonces Jueza Federal de Río Grande (Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), Dra. Liliana Herráez y por la Presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia (Provincia de Chubut), donde ambas juezas determinaron9, por primera vez en la posguerra, que:

“Los hechos investigados están enmarcados en el contexto histórico que atravesó el país entre 1976 a 1982, en el marco del denominado Proceso de Reorganización Nacional, coincidente con las ilegitimas e ilegales acciones y crímenes aberrantes cometidos por la última dictadura militar. La guerra de Malvinas formó parte de ese nefasto proceso con un inusitado proyecto de mantenerse en el poder…”

Se trata de un enorme logro británico, porque uno de los tres Poderes del Estado argentino definía por primera vez que la guerra por la soberanía en las Islas del Atlántico Sur caía bajo responsabilidad de la República Argentina. Vale aclarar que, para la comunidad internacional, poco importa la naturaleza del gobierno, sino que los actores son los Estados Nacionales.

Afortunadamente, la Cámara Nacional de Casación Penal, en noviembre de 2009, anuló esos fallos, negando que los hechos denunciados puedan ser caracterizados como crímenes de lesa humanidad, refutando también la culpabilidad argentina en la escalada del conflicto armado de 1982.

La Sala I de Casación Penal fundamentó su sentencia revocatoria, en que para considerar los hechos denunciados como “crímenes de lesa humanidad”, se hace necesario demostrar que hubo un plan sistemático por parte de las autoridades militares para la eliminación de los soldados conscriptos, órdenes emanadas por esas mismas autoridades y ejecución generalizada de esas órdenes. Es obvio que nada de eso se pudo probar, y que sólo es producto de un disparate inspirado por una ideología abstracta, ajena completamente a la realidad.

En el histórico juicio a las Juntas militares que condujeron el conflicto armado, realizado por la Cámara Federal Penal de la Capital Federal, la sentencia condenatoria a los tres comandantes, se basó en la negligencia, en la improvisación y en la falta de planificación de los responsables, pero caracterizó al conflicto en sí mismo como “un acto de legítima defensa ante una agresión colonial”. En ningún momento inculpó a la República Argentina por la nueva agresión británica.

En consecuencia, la sentencia de la Cámara de Casación Penal que revocó los fallos descabellados de las juezas Herráez y Parcio de Seleme, vino a revertir la maniobra británica de inculpar a la Argentina por el conflicto del Atlántico Sur.

Sin embargo, el CECIM La Plata presentó en 2012, un recurso de queja extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, justo en el momento en que era reemplazado el Procurador General de la Nación, Dr. Esteban Righi, para insistir con el reclamo de imprescriptibilidad, basándose en el argumento que los hechos denunciados se trataban de “crímenes de lesa humanidad”. Su sucesor, el Dr. Luis González Warcalde, elevó a la Corte su recomendación de considerar favorables los argumentos del CECIM La Plata.

El recurso, como todos los casos que ingresan en la C.S.J.N. fue sorteado para su tratamiento entre los cortesanos, recayendo en el Dr. Eugenio Zaffaroni.

Desde agosto de 2012 hasta la fecha de su jubilación (diciembre de 2014), es decir, durante dos años y cuatro meses, el recurso de queja estuvo en el despacho del prominente penalista, sin que se pronunciase en ningún sentido. Tampoco hizo Zaffaroni ninguna declaración pública sobre el caso y, aunque es cierto el apotegma que “los jueces hablan por sus fallos”, es conocida la vocación mediática del ahora jubilado cortesano.

Es que Eugenio Zaffaroni, amén de su posición ideológica y política, detenta un prestigio internacional como jurista, que no está dispuesto a rifar por las ilusiones, fantasías o deseos de un grupo de muchachos afectos a la propaganda hueca y a la denuncia serial.

Finalmente, en enero de 2015, con la firma de los Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dra. Elena Highton de Nolasco, Carlos S. Fayt y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal argentino desestimó el recurso extraordinario presentado por el CECIM La Plata, cerrándose definitivamente su pretensión.

A pesar de lo cual, luego de haber intentado infructuosamente efectuar su presentación ante la Corte Interamericana de Justicia, los miembros del CECIM La Plata reiteraron sus denuncias ante la Justicia Federal en el año 2017, a sabiendas que no iban a prosperar jurídicamente, pero con la certeza que su difusión propagandística estaría garantizada por todo el aparato mediático y los dispositivos militantes del progresismo anti-militarista. Que es lo que efectivamente ocurrió: el sistema judicial en su conjunto –no sólo la C.S.J.- desestimó las pretendidas denuncias, ratificando los fallos anteriores, mientras que los medios de prensa en su conjunto (dominados por el poder blando británico), dieron y dan amplia cobertura a la mascarada, encubierta bajo los pretextos de “memoria, verdad y justicia”.

Se trata de una enorme estafa a las personas que dicen defender, muchos de los cuales realmente sufrieron ofensas y vejámenes de sus superiores, y que podrían haber hallado satisfacción a las mismas, sino se hubieran dejado utilizar por sus supuestos defensores. Por ejemplo, apoyando el proyecto de Ley elaborado por el entonces Diputado Nacional Julio Solanas en 2009, que hubiera posibilitado la conformación de la Comisión Nacional Investigadora de Crímenes de Guerra10.

El actual ataque a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte del CECIM La Plata

Ahora sí, estamos en condiciones de interpretar porque este pequeño pero homogéneo (y perseverante, vale reconocerlo), grupo de ex combatientes de Malvinas enrolados en el CECIM La Plata, eligieron como blanco de ataque a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, antes que al colonialismo británico, en el 190° aniversario de la usurpación de nuestras Islas Malvinas.

Analicemos párrafo por párrafo los dichos de Ernesto Alonso:

«No hay soberanía posible si las instituciones de la democracia no cumplen con el mandato constitucional… la Corte Suprema no está en función de respetar y hacer valer la soberanía en nuestro territorio”.

Lo cierto, es que el manejo de las Relaciones Exteriores, las políticas de Defensa Nacional, y otras que hacen al Gobierno de la Nación, corresponden al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Es allí, primariamente, donde debemos apuntar a la hora de reclamar por la enajenación de nuestro patrimonio, y la entrega de la Soberanía Nacional.

Sobre los retrocesos a nuestro reclamo de Soberanía en nuestros territorios usurpados en el Atlántico Sur, es dable señalar los Acuerdos de Madrid I y II, suscriptos durante la Presidencia de Carlos Menem y los llamados Acuerdos Foradori-Duncan, durante la Presidencia de Mauricio Macri, perfecta continuidad y profundización de los anteriores. Pero también es dable aclarar, que ninguno de los parlamentarios de ambas cámaras legislativas, ni ningún primer mandatario entre los gobiernos de Menem y Macri, ni posterior a éste, derogaron dichos acuerdos, a excepción de la declaración conjunta bilateral argentino-británica sobre “actividades costa-afuera”, durante la Presidencia de Néstor Kirchner y la cancillería al mando de Jorge Taiana.

Reclamarle al Poder Judicial en general, y a la Corte Suprema de Justicia, en particular, que ejerza facultades que les corresponden a los otros dos Poderes del Estado Nacional, es un contrasentido. Otra cosa sería que el Poder Ejecutivo hubiera derogado los Acuerdos de Madrid I y II, o el Pacto Foradori-Duncan, y la Corte Suprema de Justicia hubiera anulado esas medidas.

Pero reclamarle a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el único fallo posible que emitió respecto de la pretensión infundada de caracterizar a los abusos y delitos cometidos por superiores en perjuicio de soldados argentinos como a “crímenes de lesa humanidad” (de absoluta conveniencia y escondida intención británica), carece de total fundamento.

Continua Alonso:

“Si pensamos en recuperar la Soberanía en el Río Paraná, si exigimos que se concrete el Canal Magdalena, si pensamos en una Pesca Soberana con profundo Sentido Social, en proteger el medio ambiente, los bosques nativos, la soberanía alimentaria, el derecho de los pueblos a tener su tierra, en una Educación Pública y Gratuita, en la protección del Sistema de Salud y Previsional Argentino, en el desarrollo Científico y Tecnológico Nacional, en la Defensa de los Derechos Humanos, etc. Todo eso está en riesgo con esta Corte”.

El CECIM La Plata se arroga la defensa de todos estos reclamos, sin que pueda verificarse la promoción real de la mayoría de ellos. Con respecto a la soberanía en el Río Paraná, vale recordar que fue el periodista Juan Francisco Natalizio11, que dirige el programa de radio “Malvinas, Causa Central”12, del Observatorio Malvinas de la UNLa, quien en diciembre de 2020 “destapó la olla” sobre esa problemática, que se convirtió viral y desató el intenso debate que continúa hoy.

Sobre la “pesca soberana” sí podemos reconocer que el CECIM La Plata, a través del ex combatiente Mario Volpe, promovió la distribución de pescados para cultivar la cultura gastronómica de la fauna marítima, pero las donaciones13 que aceptaron de esos alimentos, procedieron de una empresa pesquera14 que participa en la pesca depredatoria15 de nuestros recursos ictícolas en el Atlántico Sur 16.

En cuanto al resto de los derechos enunciados, son todas facultades que les corresponden prioritariamente a los miembros del Poder Ejecutivo y, eventualmente, al Poder legislativo.

Culminó Alonso en su comunicado:

“Todo eso está en riesgo si seguimos en manos de esta corporación política que no está en función de guardar el interés y el deseo de nuestro pueblo de seguir siendo una nación soberana”, concluyó.

No pretendo actuar de abogado de los jueces. Todos sabemos que el conjunto de nuestras instituciones atraviesa una profunda crisis de representación y de legitimidad. Cuando se trata del Poder Judicial, los riesgos directos sobre la vida y la libertad de las personas se tornan graves. Y comparto la necesidad de realizar una profunda reforma judicial. Pero las transformaciones no se consiguen con ataques furibundos a personas o poderes in totum, y con mentiras. Las transformaciones se obtienen con la verdad, y respetando los principios de la estrategia. De lo contrario, llevan inexorablemente al fracaso, poniendo al conjunto de los integrantes del Poder Judicial en alerta, y galvanizando a la corporación detrás de los sectores más reaccionarios y conservadores.

Ya lo vimos en otras supuestas batallas épicas, donde se pudo verificar el apotegma: “los muertos que vos matáis, gozan de buena salud”. Tales conductas, a esta altura, sólo pueden ser calificadas como estúpidas, o deliberadas estafas ideológicas.

Actuar como el tero, poniendo los huevos en un lado, y gritando en el otro, sólo garantiza confusión. Cuando lo que necesita a los gritos nuestro pueblo, es la verdad, clara, pura y dura. Las hipocresías, los chupamedismos, la alimentación de las falsas grietas, y las mentiras deliberadas, como las practicadas por los “anti-Héroes” del CECIM La Plata17, no solo derivará en una nueva estafa a la comunidad argentina, sino a la alimentación de monstruos que, como un famoso pseudo-dirigente despeinado y de ojos claros, promete terminar con la clase política, a la que estos muchachos nunca combatientes son tan afectos y disciplinados.