La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, presidida por el diputado nacional Marcos Cleri (Frente para la Victoria-PJ), continuó el debate sobre el decreto que crea la Agencia Nacional de Discapacidad; y además, analizó el DNU emitido por el Poder Ejecutivo que modifica a la Ley de Ministerios.
La bicameral retomó la discusión –iniciada hace varias semanas- sobre el Decreto 698/17, que crea la Agencia Nacional de Discapacidad y elimina la Comisión Nacional Asesora para la Inclusión de Personas con Discapacidad y la Comisión Nacional de Pensiones.
Uno de los oradores invitados, Eduardo Awad, abogado y periodista no vidente, señaló que «en el país hay 6 millones de personas con discapacidad”, y sostuvo que «es muy difícil ser una persona con discapacidad».
Además, Awad, quien fue el primer letrado no vidente en ser presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y el primero en ocupar ese cargo en un Consejo Profesional en todo el mundo, manifestó: «La creación de la Agencia es un hecho para celebrar, porque es un paso adelante hacia los derechos de las personas con discapacidad”.
Por su parte, el representante de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FOAL), Matías Ferreyra, consideró que «nos hubiese gustado participar de los debates en los temas en los que somos protagonistas”.
Luego se analizó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 746/17, del 25 de septiembre de 2017, por el cual se modifica la ley de Ministerios, para incorporar y adecuar una serie de funciones a distintos Ministerios, que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri y todos los ministros del Gabinete nacional.
La diputada Karina Banfi defendió la iniciativa. Y afirmó que, entre otros aspectos, “reorganiza la eficiencia en materia de información pública, ya que lo que se modifica aquí va a nutrir y a fortalecer a la ley de Acceso a la Información Pública”.
“Esta medida le permite al Poder Ejecutivo implementar políticas públicas en tiempo oportuno, de acuerdo con la facultad que le confiere la Constitución Nacional. De esta manera, Argentina se pone a la altura de países que están a la vanguardia de temas de transparencia como son Chile y México, que trabajan armonizando el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales”, resaltó la legisladora, en alusión a la Ley de Acceso a la Información Pública sancionada por el Congreso el año pasado.
En la misma línea, destacó: “este decreto nos da la posibilidad de comprender al Estado como unidad de información, en donde la Agencia deberá, de manera complementaria, compatibilizar el respeto por la protección de datos personales prevaleciendo la entrega de información pública”.
Al finalizar la reunión, el diputado nacional Pablo Tonelli expresó que “fijarán su posición en la próxima reunión de comisión”.
De otro modo, la legisladora nacional del Frente para Victoria-PJ, Juliana di Tullio, manifestó “el rechazo de su bloque a ambos DNU”.
Defensor del Pueblo
Por otra parte, la Bicameral de la Defensoría del Pueblo, presidida por la senadora nacional Marta Varela, firmó la resolución que propone al doctor Alberto José Lucchetti para integrar el cargo en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, quien deberá ser ratificado por ambas cámaras del Congreso.
Desde la presidencia de esa comisión bicameral se informó, además, que la fecha límite para la presentación de los candidatos para Defensor del Pueblo será el 26 de octubre próximo.
“Hay voluntad política por parte del Gobierno, como también desde el Congreso, de continuar avanzando con la designación del resto de los integrantes del Comité contra la Tortura y, también, del Defensor del Pueblo», afirmó la senadora del PRO, Marta Varela.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura actuará en todo el territorio nacional y se conformará con 13 integrantes: 3 en representación ONGs, 6 representantes legislativos, 1 representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Procurador Penitenciario de la Nación y 2 representantes de los mecanismos locales.