8 de noviembre de 2024

NCN

Para que el ciudadano tenga el control.

“Debemos avanzar con leyes sobre conflictos de intereses y autonomía de la Oficina Anticorrupción”

El Diputado Nacional Hugo Marcucci presentó en la Cámara Baja dos iniciativas para fortalecer la transparencia en la gestión pública. Por un lado cambios en la Ley de Ética Pública sobre conflictos de intereses y creación de la Agencia Nacional Anticorrupción.

El proyecto de modificación de la Ley de Ética Pública apunta a ampliar y definir con precisión aquellas situaciones en las que el interés general pueda entrar en conflicto con el interés personal del funcionario. Además se hace obligatoria la presentación de declaración jurada para los funcionarios en situaciones de posibles conflictos de intereses, se crea el Registro de Conflictos de Intereses y se establece el mecanismo obligatorio de consulta.

Los funcionarios deberán excusarse o abstenerse de actuar en dichas decisiones, debiendo la Oficina Nacional Anticorrupción establecer un protocolo de actuación. A su vez, en los casos en que estas circunstancias se presenten para la figura del Presidente, Vicepresidente o Jefe de Gabinete se prevé la intervención de la Auditoria General de la Nación (se adjunta texto de proyecto de ley).

Por otra parte se plantea la creación de la Agencia Nacional Anticorrupción que entre sus cambios más relevantes le otorga plena autonomía e instituye que su titular será designado con acuerdo del Senado, a fin de lograr mayor independencia e imparcialidad (se adjunta texto de proyecto de ley).

“Tenemos que pasar de un Estado que fue pensado para ser socio de la corrupción a un Estado que la combata y actúe preventivamente. Muchas cosas se han hecho desde el cambio de gobierno, pero es un camino que debemos profundizar”, sostuvo el legislador.

En este sentido, Marcucci enfatizó su compromiso con la transparencia pública y la calidad institucional, temáticas en las que viene trabajando desde su asunción como legislador nacional, con proyectos como el de Responsabilidad de las Personas Jurídicas en Actos contra la Administración Pública, y de Acceso a la Información Pública entre otros.

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