La justicia federal recibió este lunes una denuncia para que se investigue si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, utilizó para la campaña electoral la base de datos relevados para el operativo de vacunación porteño, informaron fuentes judiciales.
La presentación judicial apunta a que también se investigue si la administración porteña obligó a empleados estatales a participar de la campaña política del oficialismo en la ciudad de Buenos Aires, en calidad de «voluntarios» a pesar de que muchos de ellos no estaban interesados en hacerlo.
La denuncia por «malversación de caudales públicos» fue realizada por Juan Pablo Chiesa, en representación de la agrupación «Aptitud Renovadora», y cayó por sorteo en el juzgado a cargo del juez Luis Rodríguez.
En el texto de seis páginas al que accedió esta agencia, el denunciante refirió a supuestas irregularidades vinculadas con el uso que el gobierno de la Ciudad le dio a la información recabada por la empresa que brindó el servicio de ´call center´ que maneja la línea de asistencia gratuita 147.
La presentación se basa en el supuesto uso político y proselitista que se le habría dado a la información de vecinos de la ciudad de Buenos Aires con que cuenta la base de datos del 147, que están protegidos por la Ley 25326, de Datos Personales.
Chiesa incluyó una publicación de la agencia nacional de noticias Télam que dio cuenta de denuncias hechas a través de un comunicado por la «Defensoría de Laburantes» sobre «el uso de datos personales en forma indebida».
«La organización Defensoría de Laburantes denunció este martes que el Gobierno porteño hace uso de datos personales en forma indebida y contrata trabajadoras de forma precaria para la campaña electoral de cara a las PASO», decía la nota citada por el denunciante.
La «Defensoría de laburantes» había afirmado que en el gobierno de la Ciudad «precarizan de forma sistemática a trabajadoras jóvenes sin otra salida laboral, que son obligadas a trabajar sin registración alguna, 12 horas por día por un salario de pobreza» y que son «hostigadas, presionadas a trabajar sin descanso y obligadas a mentir para alcanzar objetivos políticos».
La denuncia de esa «Defensoría» que recopiló los testimonios, hace referencia a las trabajadoras del call center GIV S.R.L., quienes «ya iniciaron reclamos laborales contra los implicados», según se había informado mediante un comunicado.
El reclamo detallaba que la tarea asignada a las trabajadoras consistía en «llamar a las personas de un listado y proponerles tomar un café con alguno de los candidatos y en ningún momento podían decir de dónde conseguían los datos, sino que todo el tiempo debían fingir ser militantes voluntarias».
En la denuncia que presentó Chiesa, consignó que «existe relación contractual entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa GIV S.R.L., que estaría operando un call center con fines partidarios, en relación al servicio de atención a ciudadanos 147 del GCBA, conforme se acredita con la Resolución N° 48/SECACGC/21 del 12 de marzo de 20211».
«Queda claro, entonces, que si, como surge de la publicación de TELAM, se habrían utilizado datos vinculados con la salud de los ciudadanos, obtenidos por el GCBA a los efectos de la vacunación, siendo dichos datos no sólo personales, sino sensibles, en los términos del art. 2° y concordantes de la Ley de Protección de Datos personales N° 25.326.», sostuvo el denunciante.
Chiesa destacó además que recorrió las «mesas de campaña instaladas en la vía pública que promocionan la candidatura de María Eugenia Vidal, conversando con personas que sostienen ser empleados públicos de la Ciudad, que no votarán a Vidal, y que se encuentran obligadas por el GCBA a estar detrás de las mesas que, por lo general, se colocan masivamente los días sábado».
En ese sentido, el denunciante sostuvo que «correspondería se investigue la posibilidad de que el señor Jefe de Gobierno y/o los funcionarios pertinentes, sean investigados por el delito de extorsión previsto en el artículo 168 del Código Penal».