8 de noviembre de 2024

NCN

Para que el ciudadano tenga el control.

Desalojo en barrios populares: furia en los ‘halcones’ del PRO por el proyecto aprobado

Desconcierto y grieta en la bancada de Juntos por el Cambio tras la publicación de la líder del PRO, Patricia Bullrich, que disparó contra los diputados nacionales tras la aprobación del proyecto que reforma la ley de integración socio-urbana de barrios populares. Para los ‘halcones’ de JxC la normativa «premia a los que roban tierras».

«Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo», fue el descargo de Patricia Bullrich en redes sociales que agitó nuevamente la interna en la oposición.

Recordemos que el proyecto que obtuvo media sanción en Diputados y fue girado al Senado de la Nación se aprobó con 227 votos positivos, tras un consenso político al que llegaron el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, Provincias Unidas y legisladores de la Izquierda.

Solo cuatro diputados votaron en contra: Francisco Sánchez, del PRO, Gustavo Hein, Marilú Quiroz y Carlos Zapata (Ahora Patria-Juntos por el Cambio) y Carolina Píparo, esta última del partido Avanza Libertad.

La furia de Patricia Bullrich sobre la probación del proyecto es para muchos integrantes de Juntos por el Cambio algo «inentendible», debido a que originalmente el proyecto se aprobó en 2018 (con 60 votos afirmativos), es decir, en la era macrista.

«Lo único que se hizo es votar y actualizar una ley de Mauricio Macri, por lo tanto todo Juntos por el Cambio votó a favor, incluso los diputados de ella, así que no sé, habría quepreguntarle a ella por qué la reacción o si se confundió con otro proyecto», dijo Martín Tetaz en una entrevista periodística, alegando que no entiende la posición de Patricia Bullrich.

En contracara también opinó uno de los diputados que votó en contra del proyecto en Diputados en la última sesión celebrada, Francisco Sánchez (PRO), quien consideró que el Estado premia «a la gente que ha robado tierras se le da derechos superiores de los que por ejemplo alquilan, gente de poquísimos recursos que destina casi todos sus ingresos a alquilar una vivienda o gente que ha hecho grandísimos esfuerzos para comprar un terreno y se lo invaden», agregó en una entrevista con el portal iProfesional.

«En definitiva, desde el Estado se le da más beneficios esas personas, que se le da hasta subsidios y se le pagan los servicios básicos y un poquito más con recursos de todos y no los pagan los que allí habitan… Entonces, acá estamos regularizando a personas que no han pagado por su tierra, pero así y todo le vamos a pagar cloacas, electricidad, gas y le vamos a resolver la cuestión dominial también… es inequitativo y es injusto, y va en contra de una cuestión constitucional básica que es el derecho a la propiedad privada, y fomenta de manera solapada la usurpación, que es nada más y nada menos que un robo», sentenció.

Qué dice el proyecto:

Acerca de los barrios populares, la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional propone ampliar el alcance de la ley sancionada en 2018 (declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios), prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años (como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda) y agilizar los procesos administrativos.

A través del proyecto también se promueve fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

El proyecto de ley busca actualizar el Registro Nacional de Barrios Populares, prórroga de la suspensión de desalojos como garantía para la implementación de la ley y resguardar el derecho a la vivienda por el plazo que dure la declaración de utilidad pública (10 años).

Asimismo, la iniciativa apunta a declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.