Desde la UCR piden la creación de una empresa carboeléctrica estatal
El diputado nacional Eduardo Costa (UCR-Santa Cruz) abogó por la creación de una empresa estatal que administre el complejo Rio Turbio y sostuvo que el oficialismo en la Cámara baja se negó a tratar un proyecto, de su autoría. “Yacimientos Río Turbio Sociedad del Estado es el marco legal que hoy le falta al emprendimiento”, remarcó el legislador.
A su vez, consideró que es necesario darle un encuadre legal que brinde seguridad y garantice la continuidad de este emprendimiento en manos del Estado, que impida su privatización, permita la participación de los trabajadores y brinde todas las seguridades jurídicas y normativas. “Propusimos la creación de una empresa Carboeléctrica Estatal para administrar todo el proceso, desde que se extrae el carbón hasta que se lo convierte en energía. Es un proyecto que hemos presentado en el 2012 y que aún no consiguió el apoyo para ser aprobado, pero por el que vamos a seguir luchando”, aseguró.
“Nuestra propuesta de crear esta nueva empresa estatal tiene además como ventaja que incorpora la Mega Usina a la misma unidad económica. Así la nueva firma estará conformada por el Yacimiento Carbonifero Río Turbio y la Central Termoeléctrica a Carbón, cumpliéndose uno de los pedidos de toda la comunidad que es la administración estatal de la Usina”, dijo el legislador.
El referente radical recordó que éste fue un expreso pedido y un mandato surgido de los últimos congresos de trabajadores del carbón, y que pese a ser una alternativa viable que otorga estabilidad y seguridad a toda la Cuenca “no fue aceptada por el Gobierno ni sus diputados”, advirtió.
“Nosotros hemos tomado parte de lo que surgió en los debates que se generaron en la Cuenca y en los Congresos del Carbón y hemos elaborado una propuesta que llevamos al Congreso de la Nación. Creemos que es una herramienta indispensable para dar un marco apropiado para la continuidad sin sobresaltos de la actividad en nuestra Cuenca”.
Costa remarcó que otras opciones como la creación de una sociedad anónima no cumplen con los parámetros necesarios, no permiten ni garantizan la participación de los trabajadores, y ponen en riesgo la continuidad de las inversiones.