Legisladores de Unión PRO formularon una acción declarativa en la que manifestaron la «inconstitucionalidad» y denunciaron la «discrecionalidad» de la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó de cara al nombramiento de los 16 fiscales.
En ese sentido, los referentes del macrismos entendieron que las designaciones estuvieron marcadas por una «clara discrecionalidad».
La demanda fue presentada por la senadora Gabriela Michetti (CABA) y los diputados Federico Pinedo (CABA), Patricia Bullrich (CABA) y Pablo Tonelli (Buenos Aires). En ella solicitaron la «invalidez jurídica» o «inconstitucionalidad» de los nombramientos que Gils Carbó realizó en el marco de la primera fase de aplicación del nuevo Código Procesal Penal.
En ese sentido, Patricia Bullrich subrayó que en el anexo segundo de la flamante normativo se estipulaba que el Ministerio Público tendría que nombrar 1.734 cargos judiciales, «que no tenían ley de implementación, no se sabía dónde iban a ir, qué tarea iban a cumplir y qué perfiles había que conseguir porque no se sabía en qué tipo de fiscalía iban a estar. En consecuencia, el único objetivo de ese anexo 2 era hacerse de esos cargos».
La legisladora del bloque Unión PRO afirmó que «la misma ley establecía que una comisión bicameral» iba a encargarse de estudiar los cargos necesarios y la implementación, en lugar de «un número totalmente discrecional del Gobierno de 1.734 cargos por nombrar».