Di Tullio y un Proyecto de ley para flexibilizar el llamado a consulta popular
La senadora por el Frente de Todos (FdT) por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio, presentó viernes un proyecto de ley para flexibilizar el llamado a consulta popular y que pueda coincidir con las fechas en las que se celebren elecciones nacionales.
El proyecto es similar a uno que la semana pasada presentó su compañero de bancada, el neuquino Oscar Parrilli.
La iniciativa de Di Tullio modifica el artículo 14 de la Ley 25.432 de Consulta Popular que, en su actual redacción, establece que «el día fijado para la realización de una consulta popular, no podrá coincidir con otro acto eleccionario».
Por el contrario, el cambio propuesto por la senadora bonaerense establece taxativamente que «el día fijado para la realización de una consulta popular, podrá coincidir con otro acto eleccionario».
Para que cumpla con ese objetivo, el proyecto deroga el artículo 12 de la Ley que establece que «la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial de la República Argentina».
En sus fundamentos, la senadora oficialista entiende que «una de las causas por la cual no ha sido plasmado el instituto» de la consulta popular en la Argentina «radica en el carácter excesivamente restrictivo de su ley reglamentaria» sancionada en 2001.
Según Di Tullio, eliminar la imposibilidad de que la consulta coincida con un acto eleccionario «favorecerá a una mayor afluencia de la población y a una gran reducción de costos».
Asimismo, mencionó en su proyecto el mismo ejemplo que el neuquino Parrilli: la consulta popular llevada a cabo en septiembre en Berlín «en el que sus habitantes fueron convocados a una consulta no vinculante respecto a la posibilidad que el gobierno expropie a las grandes empresas inmobiliarias poseedoras de miles de viviendas, con el objetivo de lograr bajar el precio de los alquileres».
Iniciativa presentada por Oscar Parrilli
La iniciativa presentada por Parrilli la semana pasada también apunta a flexibilizar los requisitos para llamar a consultas populares, permitiendo que la fecha de su convocatoria coincida con un acto electoral general.
La iniciativa del senador neuquino, asimismo, lleva las firmas de varios legisladores del bloque oficialista como Mario Pais, María de los Ángeles Sacnun, Ana Almirón, María Eugenia Duré, Alfredo Luenzo y Silvina García Larraburu.
No obstante, esa propuesta subraya que «la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las Cámaras».
La norma en vigencia, en cambio, establece que la consulta popular debe ser aprobada por la «mayoría absoluta de los miembros presentes en cada Cámara del Congreso» o sea, la mitad más uno de los legisladores sentados en el recinto de sesiones.
«Hasta ahora, el mecanismo incluido en la reforma constitucional de 1994 era engorroso y exigía mayorías especiales en las Cámaras, que lo tornaron impracticable», expresó el senador.
El autor de la iniciativa sostuvo que, «lamentablemente, en los veinte años que lleva sancionada esta ley ninguna decisión trascendental para el destino de nuestra patria ha sido sometida a la opinión popular, seguramente muchas de ellas y sobre todo las que han perjudicado el futuro nunca fueron consultadas a la ciudadanía».
«Muchos proyectos de ley -dijo- sin duda favorecerán a sectores castigados de nuestra sociedad, que ayudarán a transparentar y agilizar la tan castigada Justicia Argentina, a evitar la fuga de divisas y la venta de recursos naturales a empresas extranjeras».
También mencionó que «la solución del problema habitacional de millones de compatriotas deben ser sometidos a consulta pública y de esta forma dejar en poder de las mayorías las decisiones que afectarán su futuro».
Parrilli afirmó que «las mayorías adoptadas al sancionarse esta ley redundaron en la imposibilidad de convocarse a consulta popular por cuanto desde su sanción jamás se pudo convocar a una».