La diputada nacional Adriana Cáceres (PRO-Juntos por el Cambio) solicitó hoy a los organismos correspondientes que cancelen y no den altas de servicios de luz, Internet y telefonía en todos aquellos inmuebles que se encuentren judicializados por usurpaciones, por ser un delito contemplado en el artículo 181 del Código Penal.
Cáceres pidió «al Estado que refuerce sus políticas de acceso a la vivienda, sin dejar de lado la protección la propiedad privada que en muchos casos es el fruto de años de trabajo de las familias argentinas».
«Una usurpación trae graves perjuicios económicos a los propietarios en cuanto a costos del litigio, impuestos y lucro cesante de la propiedad, por lo que aquellas herramientas que contribuyan a disuadir las tomas o que las mismas no persistan en el tiempo, serán muy beneficiosas para quienes buscan recuperar lo que les pertenece», remarcó Cáceres.
La legisladora del PRO fue la impulsora del proyecto presentado días atrás que propone aumentar las penas para quienes usurpen propiedades y terrenos, tanto públicos como privados. Se busca elevar la pena de prisión de la actual escala punitiva, que va de seis meses a tres años, a una que contemple un mínimo de un año de cárcel y un máximo de seis.