El diputado nacional Juan Fernando Brugge (UNA-Córdoba) presentó un proyecto que ya fue sancionado en la legislatura cordobesa fijar un aumento del gravamen para las penas de violencia contra los «docentes y los servidores públicos». La propuesta cobra vigencia luego del polémico caso del medico Lino Villar Cataldo.«El objeto del proyecto es resaltar y resguardar la actividad de los docentes y de los servidores públicos frente a actos de violencia física y moral», dice Brugge en los fundamentos del articulado.
El proyecto establece la incorporación del articulo 91 bis en el Código Penal de la Nación e incluye a Docentes de todos los niveles, bomberos y profesionales de la Salud agravando las penas de los artículos 89, 90 y 91 del Código Penal.
Para Brugge, la situación actual «impone la responsabilidad de llevar adelante acciones tendientes a prevenir la evolución y el florecimiento de la violencia» poniendo en evidencia la necesidad de generar estrategias «para jerarquizar» las labores de los servidores públicos.
