Con las exposiciones de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, entre otros funcionarios nacionales, en un plenario de comisiones de Salud y Presupuesto de la Cámara de Diputados se comenzó a analizar hoy el proyecto que establece el Plan de los 1000 días.
El debate, que fue coordinado por el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Frente de Todos) junto con la de Presupuesto, a cargo de Carlos Heller (Frente de Todos), comenzó con la exposición de la ministra Gómez Alcorta, quien calificó de «estratégico» el proyecto y afirmó que busca que «ninguna mujer se sienta sola en un momento clave como es el embarazo».
Gómez Alcorta sostuvo que la iniciativa pone «en la agenda pública la política del cuidado de la salud de la mujer embarazada en un momento esencial de su vida» y que «este es un proyecto estratégico, porque establece como política de Estado, mediante una ley, la prioridad del cuidado de la salud integral durante el embarazo y la primera infancia».
En tanto, la titular de la Anses, Fernanda Raverta aseguró que se trata de una ley «que va a ampliar derechos» y sostuvo que busca «poner en pie de igualdad a chicos y chicas que van a nacer en Argentina», a la vez que precisó que la iniciativa «amplía la cobertura de la asignación universal por embarazo».
«Se está dando una ley que va a ampliar derechos para la mujer; es auspicioso este tiempo de la Argentina. Vamos a extender la cobertura de la Asignación por Embarazo que incluye a las mamás gestantes y tiene carácter alimentario», aseveró la directora ejecutiva de la Anses.
Por su parte, el secretario de Interior del Ministerio del Interior, José Lepere, señaló que a partir de esta ley se crea un sistema de alerta temprana para nacimiento que, dijo, «va a obligar a los registros civiles de las provincias a informar los nacimientos al Registro Nacional en un plazo de 7 días».
El funcionario, además, dijo que a partir de esta ley se realizará una modificación mínima respecto a la exención de tasas que debían presentar certificado de pobreza, al sostener que «es el Estado quien debe determinar qué universo no está en condiciones de pagarlo para que lo reciban en forma gratuita» y afirmó que «no puede haber argentino sin DNI».
Por el Ministerio de Salud, en tanto, expuso la directora de Salud Perinatal de esa cartera, Gabriela Bauer, quien destacó que «a 15 años de la ley de protección Integral de Niños y Niñas, el desafío es avanzar en la intersectorialidad y no nos cabe dudas que esta ley va a contribuir en afianzarla».
En tanto, la defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, dijo que «esta ley será exitosa si se puede efectivizar la articulación interministeral» y manifestó su preocupación «por los problemas en los niños de bajo peso, sobrepeso y obesidad», así como los embarazos en niñas de 10, 11 y 12 años registrados en los últimos meses.
Graham dijo que si bien «es una ley muy ambiciosa» afirmó que «la vamos a controlar y monitorear» y llamó la atención sobre la «ausencia del Ministerio de Educación» en la implementación de la ley, a la vez que destacó la importancia de darle «más visibilidad a algunas políticas como los centros de Desarrollo Infantil».
Al cerrar la reunión, Yedlin anticipó que el proyecto continuará debatiéndose en el plenario el próximo jueves si se aprueba la continuidad del protocolo de funcionamiento remoto, que vence hoy, y estimó que, de lo contrario, el debate continuará el miércoles de la semana próxima.
La iniciativa extiende, al mismo tiempo, la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación. A través del proyecto, se amplía además el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora están excluidas de este beneficio.