Diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto en rechazo a las privatizaciones
En medio del debate por la ley ómnibus en las comisiones de la Cámara de Diputados, un grupo de legisladores de Unión por la Patria presentaron un proyecto para «rechazar las privatización de empresas del Estado», una de las iniciativas de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, impulsada por el Gobierno.
Los diputados calificaron a la propuesta privatizadora como «absurda y peligrosa» y dijeron que «el remate de estas empresas y sociedades vulneraría derechos de usuarios y consumidores y de provincias interesadas conforme al artículo 42 de la Constitución Nacional».
En el texto, enfatizaron: «No podemos permitir que se concrete este masivo e injustificado plan de privatización de empresas y sociedades del Estado y venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)», y advirtieron que «dicho plan del proyecto tendría un carácter irreversible y produciría nefastas consecuencias sobre la estructura económica argentina y los derechos de usuarios y consumidores».
Por otro lado, propusieron que la Cámara baja exprese «su rechazo sobre la privatización de empresas y sociedades de propiedad total, mayoritaria o minoritaria y la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad», que propone el «alarmante contenido» de la llamada ley ómnibus, enviada por el presidente Javier Milei, que tiene entre sus cientos de propuestas privatizar 41 empresas estatales.
Los legisladores consideraron que es importante «robustecer la eficiencia del sector público y de las empresas y sociedades es un desafío» y reiteraron su rechazo «rotundo» a que «la forma de resolver presuntas ineficiencias consista en la entrega del patrimonio público».
La declaración que firmaron Sergio Palazzo, Julia Strada, Vanesa Siley, Carlos Cisneros, Mario Manrique, Pablo Yedlin, Pablo Carro y Hugo Yasky explicó que «el procedimiento privatizador» comenzó con el «inconstitucional» Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el Ejecutivo que modificó la ley 23.696 de Reforma del Estado.
Uno de los puntos de la ley ómnibus que consideraron «alarmante», en relación a las privatizaciones, es que se trate de propuestas en general, sin entrar en detalle de cada caso en particular. Apuntaron que estas operaciones se realizarían «sin análisis previo de viabilidad ni eficiencia de ningún tipo», y lo calificaron como un «procedimiento privatizador absolutamente dogmático».
En ese sentido, destacaron que «gran parte de estas empresas registran superávit y están ubicadas en sectores estratégicos de la economía», por lo que «su venta habilitaría grandes negocios para el sector privado».
Entre las empresas superavitarias y estratégicas destacaron al Banco Nación, YPF, Aerolíneas Argentinas, ARSAT, Nucleoeléctrica, Dioxitek, y IEASA, AySA y Trenes Argentinos como «prestación de servicios esenciales».