Diputados del FPV denunciaron a Macri por privatización de ARSAT
La diputada nacional María Emilia Soria, y sus pares Darío Martínez (FpV Neuquén) María Teresa García (FpV Buenos Aires) y Rodolfo Tailhade (FpV Buenos Aires), presentaron una denuncia penal contra el Presidente Mauricio Macri, el ex Ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el Presidente de la empresa pública ARSAT Rodrigo de Loredo, por abuso de autoridad en función de la firma de un acuerdo para la transferencia de recursos de la Empresa AR-SAT, en clara violación de la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital.
A partir de una investigación periodística publicada el 16 de julio pasado en el programa “Economía Política” de C5N, se dio a conocer la existencia de un procedimiento formal iniciado por el Poder Ejecutivo Nacional para a asociarse con una empresa de Estados Unidos, llamada Hughes Network Systems, una de las empresas más grandes de servicios satelitales del mercado norteamericano, a fin de crear una nueva sociedad en nuestro país para terminar la construcción y desarrollar la explotación comercial del satélite Arsat-3. Esta información se completó con la publicación en el sitio web “eldestape.com” de una carta de intención, de donde surge claramente que el gobierno nacional cedió a la empresa Hughes, la producción y explotación de un nuevo satélite y que la compañía se quedaría con el espacio orbital que le corresponde al país. Por si fuera poco, la nueva sociedad a crearse estará controlada por Hughes Network Systems LLC, ya que tendrá el 51 % del paquete accionario y ARSAT el 49 %, con lo cual tendrá el dominio del directorio de la nueva sociedad y de sus autoridades. La información habría sido extraída del contenido de un acuerdo de carácter confidencial que fuera celebrado entre el presidente de ARSAT y un director de la compañía Hughes Network Systems.
La denuncia expresa que estos hechos resultan claramente violatorios de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 27.208 que establece que “el capital social de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT estará representado en un cincuenta y uno por ciento (51%) por acciones Clase ‘A’, encontrándose prohibida su transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad, dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos últimos, sin previa autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación”.
En la práctica – advierten los denunciantes – la situación planteada implica que de manera solapada y encubierta, el Poder Ejecutivo Nacional habría iniciado un proceso de privatización y extranjerización de la empresa AR-SAT, iniciando este camino con la cesión a una nueva compañía (controlada por una empresa estadounidense) de la propiedad y la explotación comercial del satélite geoestacionario Arsat 3, vulnerando la norma emanada del Congreso de la Nación que justamente tiene por objeto resguardar a la industria satelital nacional como una política pública y símbolo de la soberanía del Estado Argentino.
Según consta en la denuncia, las irregularidades que evidencia la Carta de Intención firmada entre de Loredo y Hughes son numerosas y dejan importantes sospechas por las tremendas facilidades que se le otorgan a la nueva empresa que será controlada por Huhges en detrimento de los intereses de ARSAT y el Estado Argentino, entre ellas:
– La selección del socio no fue realizada por compulsa o licitación. No sólo no se conocen los criterios seguidos para elegir a Hughes, sino que además todo se ha hecho en el máximo sigilo, al punto de firmarse en el acuerdo cláusulas de confidencialidad que comprometen a nuestro país (en particular asumidas por el Ministerio de Comunicaciones y Jefatura de Gabinete) y que resultan absolutamente inadmisibles para la legislación argentina y elementales principios democráticos.
– El acuerdo se firmó en Washington, en inglés como lengua principal y bajo legislación norteamericana.
– El costo del satélite se fija en us$ 230 millones, es decir el costo establecido en los contratos ya firmados por la gestión anterior, sin que se establezca un mecanismo de recuperación de la inversión en diseño que hiciera el Estado Nacional.
– Se utilizará una Posición Orbital Argentina para su operación, cediéndosela a la nueva compañía sin cargo alguno, ya que no hay ninguna referencia en el documento en tal sentido, sobre todo teniendo en cuenta que el valor estimado de dicha posición orbital es de us$ 20 millones.
– Las inversiones que se tienen que realizar en tierra para la operación (antenas y electrónica) serán provistos exclusivamente por Hughes (aprox 50 millones de dólares) en forma directa y sin licitación.
– Arsat liderará los procesos para obtener las autorizaciones legales, gubernamentales y regulatorias para el lanzamiento, operación y venta de servicios por la nueva empresa. Es decir, parte de las facilidades que le serían otorgadas a Hughes para entrar al mercado satelital.
La denuncia de los diputados del FpV recayó en el Juzgado Federal Nº 3, a cargo del Juez Daniel Rafecas.