Las Comisión de Salud y Acción Social, precidida por la socialista Mónica Fein, dio dictamente al Proyecto de Régimen de Seguridad Sanitaria y de los Pacientes conocida como la “Ley Nicolás”.
Se trata de una iniciativa que fue impulsada por el diputado por Buenos Aires Fabio Quetglas (UCR) y busca dar un marco normativo a la llamada «seguridad del paciente», en lo que respecta a los daños y perjuicios que sufren los pacientes por las fallas estructurales en la atención sanitaria.
Entre sus fundamentos se destaca el crear una nueva cultura de la seguridad; jerarquizar la problemática para abordarla desde un punto de vista sistémico y no desde una faz punitiva; buscar impedir el daño evitable, intentando reducir al máximo las consecuencias del daño no evitable; generar condiciones que estimulen la confianza entre los trabajadores de la salud, los pacientes y sus familias; y priorizar la transparencia y, de ser posible, hacer que el paciente y su familia participen en iniciativas tendientes a disminuir la aparición de eventos adversos.
Se estima que el daño al paciente por eventos adversos es una de las 10 principales causas de muerte y discapacidad en el mundo.
Además, que el 10% de los pacientes sufre algún algún tipo de daño o perjuicio cuando apela al sistema de salud. La mitad de estos eventos adversos sería evitable.
Es un proyecto de ley necesario pero ambicioso. Se mete en un tema sensible. En este aspecto, el autor de la ley, sostuvo que “ee quitó la pata penal que dialogaba con una demanda social importante, y en esta primera etapa quedó aquella que se refiere al aspecto preventivo-sanitario para mejorar la seguridad del paciente”, describió, y dijo: “La idea fue garantizar que hubiera consenso y que la ley saliera”.
Quetglas explicó el razonamiento que lo llevó a pegar ese volantazo en la propuesta, argumentos que importan si uno quiere entender las dificultades que atañen a la «seguridad/inseguridad» de los pacientes en Argentina.
Habló de los obstáculos que hubiera encontrado el proyecto, de tener que tratarse no solo en la comisión de Salud de Diputados, “donde sin dudas despertará interés”, sino también en las de Justicia y Legislación Penal, donde, en cambio, casi con certeza no tendría prioridad.
También de la resistencia del sector en temas como las reformulaciones de los seguros, en especial para la cobertura de médicos adultos mayores, si por ejemplo aumentaran los profesionales con matrícula suspendida. “Sacar la ley, será un gran primer paso” instó.
Entre sus fundamentos el Proyecto busca “la creación de la historia clínica digital, interoperable y encriptada que puede ser consultada en cualquier lugar del país; recertificaciones obligatorias y periódicas para los profesionales de la salud; el desarrollo de protocolos de actuación así como sistemas de auditoría y vigilancia, que disminuyan la posibilidad de daños evitables en las prácticas».
En tanto cuenta con el apoyo de la Academia Nacional de Medicina y del Observatorio de Seguridad del Paciente”.
Según un relevamiento de la OMS, a nivel global, se estima que el daño a los pacientes es la 14ª causa de morbimortalidad, comparándose con enfermedades como la tuberculosis y la malaria; y está entre las 10 primeras causas de discapacidad.
Ademas el texto indica que “será obligatoria la certificación de las condiciones físicas y el estado cognitivo y conductual de todos los profesionales de la salud, cada 10 años, a partir del momento de su matriculación”.
“Las exigencias de esta certificación serán establecidas por la autoridad de aplicación nacional, evaluando las necesidades que impongan las especialidades que se ejerzan”.
Y, a partir de los 75 años, “la certificación deberá realizarse cada 3 años».
Hay que aclarar que se mantendrán iguales las disciplinas que en ciertas jurisdicciones o a nivel nacional ya hubieran establecido períodos menores de revalidación profesional.
La ley pone bastante énfasis en que deben establecerse mecanismos para garantizar la presentación de “quejas u objeciones sobre carencias y deficiencias en la prestación del servicio, sin temor a represalias, y su correspondiente análisis”.
Además, “asegurar una dotación de personal de salud que satisfaga las necesidades del servicio y el bienestar del personal”, instaurar una duración de turnos y horas de trabajo del personal, que «eviten su agotamiento físico o mental”, y “prever medidas de protección del personal para salvaguardarlos de toda violencia o intimidación ejercidas por razón de su labor”.
El Caso Nicolas
En todo el proceso participó Gabriela Covelli, presidenta de la Fundación por la Vida y la Salud y creadora de la primera versión del proyecto de ley desde que su hijo Nicolás Deanna murió en 2017, cuando tenía 24 años, por una mala intervención médica.
“Por primera vez nos están escuchando, hace tres años que venimos a esta misma plaza y pegamos los carteles de nuestros hijos pero parecería que a nadie le importa. Hoy por primera vez alguien alza la voz por nosotros”, señaló la mujer en recientes declaraciones a la prensa.
Covelli apuntó que «en este ocasión un diputado decidió presentar el proyecto, otros diputados lo acompañan y quiero pedirle al resto de los legisladores que por favor escuchen el dolor de nuestras familias y que decidan por el bien colectivo y no por el bien individual». «Que decidan por lo que la Constitución y los tratados internacionales imponen que es que el derecho a la vida es un derecho universal”, reclamó.
Asimismo, aseguró que ella y la ONG que preside van “a seguir peleando y luchando como lo venimos haciendo hasta ahora por la otra parte (que no contempla el proyecto presentado hoy) que es que cada persona tiene que ser responsable de sus actos, la ley tiene que dejar de ignorar a las víctimas de mala praxis y a las de accidentes de tránsito”.