Mientras aún no se reglamentó la reciente reforma laboral incluida en la Ley Bases, la Cámara de Diputados se prepara para abrir un nuevo capítulo en la legislación del trabajo. A partir de este martes a las 11 horas, la Comisión de Legislación del Trabajo se reunirá para discutir una agenda cargada de proyectos que proponen reformas a las leyes 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo y 23.551 de Asociaciones Sindicales.
De esta manera, en la reunión, se pondrán a consideración 26 proyectos de ley que buscan modificar la legislación laboral actual. La mayoría de estas iniciativas provienen de bloques opositores como el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, además de algunos miembros de Hacemos Coalición Federal. Curiosamente, ninguna de las propuestas lleva la firma de los diputados libertarios, con la excepción de Rocío Bonacci, quien apoya un proyecto de Verónica Razzini (PRO), ex presidenta del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), enfocada en limitar el poder sindical y beneficiar a las pymes.
Cabe mencionar que solo hay un proyecto presentado por diputados de Unión por la Patria, liderado por Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Claudia Ormachea y Rosana Bertone, entre otros. Este proyecto propone proteger la tutela sindical en casos de despidos con justa causa de representantes gremiales, bajo ciertas condiciones de peligro para la empresa, alineado con el decreto 467/88 que modifica la Ley 23.551.
El debate que se avecina es complejo y se prevé que no se resuelva en la primera reunión. Los proyectos en discusión incluyen propuestas de gran impacto, como la obligatoriedad de que los dirigentes sindicales presenten declaraciones juradas patrimoniales y la limitación de mandatos a cuatro años, impulsada por María Eugenia Vidal (PRO), junto con Cristian Ritondo, Ricardo López Murphy, Maximiliano Ferraro y Diego Santilli.
En tanto, otra propuesta relevante, presentada por Martín Tetaz (UCR) con apoyo de varios legisladores, busca democratizar los sindicatos y las obras sociales, introduciendo medidas como la derogación de la reelección perpetua y la inclusión de minorías en los órganos de decisión de los gremios si obtienen al menos el 25% de los votos. Verónica Razzini (PRO) también promueve un proyecto que replica contenido del DNU 70, excluido en la Ley Bases, incluyendo la supresión de cuotas solidarias, sanciones más severas para bloqueos sindicales, y cambios en el régimen de teletrabajo.
Mónica Frade (Coalición Cívica) propone la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para controlar los fondos sindicales y un cupo femenino del 30% en las conducciones gremiales, mientras que Silvina Giudici (PRO) impulsa la transparencia sindical, incluyendo el derecho de los trabajadores a acceder a toda información sindical y la implementación de programas de integridad.
Por su parte, Héctor Stefani (PRO) presentó tres proyectos de ley, incluyendo la «ficha limpia gremial» para impedir que dirigentes condenados por delitos ocupen cargos sindicales, y Soledad Carrizo (UCR) busca garantizar la transparencia y la alternancia en la dirección de los sindicatos.
Con una agenda tan cargada y con posiciones tan divergentes, el camino hacia una nueva legislación laboral parece estar lleno de desafíos y negociaciones. La Comisión de Legislación del Trabajo deberá abordar estos proyectos con cuidado, en medio de un ambiente político cada vez más polarizado.