Diputados| Entró en debate el modificar una ley para agilizar procesos de urbanización de barrios populares
Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados abrirá esta tarde el debate de un proyecto del Poder Ejecutivo que propone reformar la ley de integración socio urbana de barrios populares, aprobada en 2018, con el propósito de agilizar los procesos administrativos de las urbanizaciones.
Se trata de una reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Hernán Pérez Araujo, y de Legislación General, a cargo del legislador oficialista Lucas Godoy, que se realizará a partir de las 16 en el anexo C.
La iniciativa del Poder Ejecutivo propone ampliar alcance de lo sancionado en 2018 (declarando la utilidad pública de 1176 nuevos barrios), prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años (como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda), agilizar los procesos administrativos y también las obras y mejoras.
También, a través de la iniciativa se busca fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los barrios incluidos en el ReNaBaP.
El diputado nacional del Movimiento Evita Eduardo Toniolli señaló que la propuesta «además de ampliar la cantidad de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), apunta a agilizar los procedimientos administrativos para urbanizarlos más rápido, mejorarles el acceso a los servicios públicos, y prorrogar la suspensión de desalojos».
«La lucha de los movimientos sociales permitió que en 2018 se aprobara la Ley 27.453, que registró en ese momento a 4.416 barrios de todo el país en el ReNaBaP, suspendió los desalojos por cuatro años, y dotó al Estado de herramientas para avanzar en su integración», explicó Toniolli.
Según el legislador, «una de las medidas más importantes que estableció la ley fue que al menos el 25% de las obras debían ser ejecutadas por cooperativas o por trabajadores de la economía popular, lo que constituyó en su momento un cambio de paradigma: los vecinos dejaron de ser sujetos pasivos y pasaron a protagonizar los procesos de cambio. De ahí que hablemos de integración socio urbana, y no solo de urbanización».
Hasta ahora, y en base a los datos recopilados por el ReNaBaP, hay 656 proyectos de integración socio urbana en marcha en todo el país, que benefician a unas 400 mil familias y generan 120 mil puestos de trabajo.
Según se informó, muchas de esas obras se financian con un porcentaje de lo recaudado por el Estado en concepto de aporte extraordinario a las grandes fortunas, y por el impuesto PAIS (que se aplica a las compras de dólares en el mercado formal).
Actualmente, cerca de 1,2 millón de familias vive en barrios populares en Argentina, lo que representa unos cinco millones de personas, más del 10% de la población total del país, en tanto que los asentamientos ocupan una superficie total de 590 km2, 3,3 veces el tamaño de la ciudad de Rosario.
De acuerdo al proyecto original sancionado finalmente en 2018 tras varias reuniones de debate, se entiende por integración socio urbana, al conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas y la mejora en la accesibilidad y conectividad.
Establece además el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial.
De acuerdo a esa iniciativa, esas acciones deberán ser progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad.