22 de noviembre de 2024

NCN

Para que el ciudadano tenga el control.

Diputados intenta emitir dictamen de proyecto sobre lavado de activos

Un plenario de las comisiones de Legislación General, de Finanzas y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados intentará emitir dictamen del proyecto de reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Cabe mencionar que el proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo, fue estudiado en noviembre del año pasado por las comisiones de Legislación General y Finanzas, pero no había recibido dictamen. Por lo que en el plenario de mañana se sumará también la de Legislación Penal. La sanción de esa iniciativa es importante para el Gobierno debido a que el año que viene hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional, y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.

De esta manera, vuelven a reunirse las comisiones luego del encuentro que mantuvieron en noviembre pasado, donde expusieron, además del titular de la UIF, Juan Carlos Otero; el director del BCRA, Zenón Biagosch; y el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri, entre otros.

En aquella ocasión, frente a los diputados, Otero indicó que se trata de “una reforma sustancial después de once años. Es muy importante porque va a permitir mejorar la lucha contra el lavado de activos y la lucha contra el terrorismo«. También dijo que «en septiembre de 2023 el país va a ser evaluado por el Grupo de Acción Financiera» y se analizará tanto al sector «público en los tres poderes como al sector privado«, y recordó que en 2012 sumó nuevas recomendaciones e incorporó «la efectividad«.

El proyecto de reforma es el resultado de las mesas de trabajo realizadas en la que participaron funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), del BCRA, la CNV, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes); los ministerios de Economía; de Justicia, y de Relaciones Exteriores; la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.

La iniciativa contempla diversas reformas pero una de las más importante es que convierte a la UIF en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.

Otro punto importante es que se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y en ese sentido se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.