El pleno de la Cámara de Diputados obligó a las comisiones de Presupuesto y Educación a reunirse este jueves en un plenario para dictaminar uno o varios proyectos para aumentar el presupuesto de las universidades nacionales. Tras lo cual, la oposición estará en condiciones de pedir una nueva sesión especial para avanzar con la media sanción.
Cabe recordar que el principio de acuerdo anunciado por el Gobierno nacional con el Consejo Interuniversitario Nacional para aumentar cerca del 300% los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales no fue suficiente para desactivar la sesión especial de este martes. La desconfianza de los rectores terminó influyendo en el bloque de la UCR, que se debatía entre sostener o levantar el pedido de sesión especial del martes. Decisión que provocó fuerte malestar entre los libertarios y los diputados del PRO con Rodrigo de Loredo, jefe de la bancada radical.
El peronismo aprovechó la ocasión para incluir en el debate la restauración del Fondo de Incentivo Docente (FONID). Como parte de un acuerdo político, Unión por la Patria también se llevó un emplazamiento para el martes que viene. Tanto los proyectos sobre el presupuesto universitario como los relacionados con el FONID tienen un considerable impacto fiscal y son seguidos con atención por la Casa Rosada.
Respecto a las universidades, el reclamo nace de la reducción de facto que el Gobierno impuso al prorrogar el presupuesto del año pasado sin actualizarlo por inflación. La Casa Rosada se vio obligada a dar un primer paso atrás tras la masiva marcha universitaria del 23 de abril. Primero negoció con la Universidad de Buenos Aires, a la que le otorgó un aumento del 270% para gastos de funcionamiento y un 300% para los hospitales que funcionan bajo su órbita. Luego, anunció un acuerdo con las otras 60 universidades nacionales que salieron a denunciar “discriminación federal” por no haber recibido la misma oferta que la UBA.
Vale mencionar que uno de los proyectos bajo análisis que reúne mayor consenso es el de la radical Danya Tavela, que entre otros puntos dispone que los gastos de funcionamiento se actualice de forma bimestral a partir de una fórmula que combina la variación del Índice de Precios (50%), la variación de la cotización de la divisa de referencia para importación (25%) y la variación promedio de las tarifas de servicios públicos (25%).
La mayoría de los proyectos contempla el componente inflacionario para actualizar las partidas, por lo que el Gobierno perderá discrecionalidad para la asignación de recursos. La oposición argumenta que las universidades necesitan un mínimo de previsibilidad presupuestaria para planear los ciclos lectivos.