Diputados oficialistas reciben firmas para pedir que se trate el proyecto de ‘ficha limpia’
Diputados nacionales, encabezados por el vicepresidente segundo de la Cámara baja, Luis Petri (UCR), recibirán el martes un petitorio con miles de firmas para reclamar el debate del proyecto denominado de ficha limpia, antes del fin del período de sesiones ordinarias que concluye el próximo el 30 de noviembre.
El proyecto busca impedir que condenados por corrupción puedan presentarse como candidatos a cargos electivos.
El martes a las 16.30, organizado por la ONG @ChangeorgAR, se realizará un encuentro en el que los diputados recibirán el petitorio que ya reunió unas 300 mil firmas y que busca que la iniciativa se debata antes de que concluyan las sesiones ordinarias.
«El martes los espero en el Congreso. Necesitamos una ley de ficha limpia en la Argentina. A la hora que quieran ahí voy a estar para recibir las más de 300 mil firmas», dijo Petri en su cuenta de Twitter.
El proyecto que fue aprobado en comisión en agosto pasado por un plenario de la Cámara de Diputados busca impedir que las personas condenadas por delitos de corrupción puedan presentarse como candidatos a cargos electivos.
En la ocasión la iniciativa obtuvo respaldo de la mayoría de las bancadas, aunque desde varios bloques opositores pidieron que se amplíen los delitos incluidos en el dictamen, que quedó en condiciones de ser debatido por el plenario de la Cámara.
La iniciativa prevé la incorporación de un nuevo inciso al artículo 33 de la ley orgánica de los partidos políticos, y alcanzará a quienes tengan condena en segunda instancia por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados o fraude en perjuicio de la administración pública.
Fuentes del oficialismo aspiran a que el proyecto finalmente sea tratado en la sesión del próximo miércoles 20 de noviembre, posiblemente la última del año ordinario, donde se debatirán la nueva ley de alquileres y la ley de góndolas, así como otras iniciativas sin disidencias.
De no tratarse antes del fin del período ordinario de sesiones, el proyecto correría riesgo de perder estado parlamentario, ya que como se trata de un año de recambio legislativo caen todas las iniciativas que no lleguen al recinto antes del 30 de noviembre.