La Cámara de Diputados convirtió en ley el Convenio de Solución Amigable y Avenimiento para compensar a la empresa española Repsol por el paquete accionario de YPF e YPF Gas, expropiado en 2012. Con el aval de 135 legisladores (59 votos negativos, 42 abstenciones y 20 diputados ausentes).
El articulado aprobado esta madrugada estipula el consentimiento para la erogación de títulos de deuda pública interna e indemnizar a la compañía tras la nacionalización del anteaño pasado.
Esta propuesta del PEN busca respaldar el Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación, más conocido como el ‘acuerdo con Repsol’. El mismo, ya fue firmado y en él se detallan límites temporales para que cada parte lo acepte legalmente. El Estado argentino tiene tiempo para promulgarlo -publicación en el Boletín Oficial mediante- hasta el primero de mayo. En tanto que la Junta General de Accionistas de la petrolera deberá suscribir seis días después.
Fue una propuesta del oficialismo que para convalidar la Solución Amigable. Además, implica el consentimiento del Congreso para emitir deuda por un valor nominal de 5 mil millones de dólares e indemnizar con ella a la firma española por las 200.589.525 acciones clase D de YPF y 89.755.383 acciones clase A de YPF Gas declaradas de interés público.
La metodología de compensación será en una cartera financiera que concluirá en 2033. El Ejecutivo planea que en los siguientes 19 años, YPF mejore sus balances y pueda afrontar los compromisos con dividendos genuinos de la petrolera. Si todo sale como se anuncia en base del autoabastecimiento, el gobierno de turno podrá ahorrar más de 13 mil millones, que gasta anualmente en la importación de combustible.
Así, llegó el proyecto que refrenda el acuerdo que comenzó a elaborarse en diciembre de 2012 entre el Consejo de Administración de Repsol y Argentina. A su vez, la conciliación estipula que la ex concesionaria energética se abstendrá de reclamar en foros de sede internacional una cifra más onerosa.
No es un dato menor, en ese diciembre de 2012, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (el CIADI) aceptó el pedido de arbitraje de Repsol solicitando una suma superior al doble de lo acordado amistosamente: 10.500 millones de dólares.
En el marco de las expectativas del fallo de la Corte Suprema neoyorquina, en el conflicto por la reestructuración de deuda con los holdouts, evitar un arbitrio de esas características tiene repercusiones saludables para la política económica nacional. El CIADI, si bien tiene autonomía institucional, es un órgano del Banco Mundial muy influyente en la toma de decisiones.