El Bloque Justicialista manifestó la necesidad de suspender el tarifazo
El bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, presidido por Oscar Romero, manifestó su preocupación respecto a la compleja situación social que atraviesa nuestro país. «Nos preocupa la falta de sensibilidad del gobierno nacional frente a los sectores afectados por el tarifazo de los servicios públicos, la inflación incesante y la destrucción de los puestos de trabajo», afirmaron.
«Como peronistas entendemos que la política debe ser una herramienta de transformación al servicio de la gente y vemos que el Presidente no escucha los problemas que afectan a la mayoría de los argentinos», sostuvieron.
Por ello, el bloque Justicialista remarcó “la necesidad de suspender el tarifazo en los servicios públicos” y propusieron establecer un aumento gradual en los mismos. «Ante la improvisación del Ejecutivo, creemos que es fundamental llevar tranquilidad a los hogares y al sector productivo».
«Estamos preocupados por la situación del mercado interno, la caída del consumo, el aumento de costos, las excesivas tasas de interés que afectan el crédito y la inversión, y la situación del freno en la inversión pública. Mientras el Gobierno niega cada uno de estos padecimientos, los problemas se multiplican”, remarcaron.
A su vez, resaltaron que existen graves consecuencias ante de la pérdida del poder adquisitivo que están padeciendo los beneficiarios de la Seguridad Social. En este sentido, el Bloque Justicialista presentó una iniciativa que representaría un beneficio directo para casi 16 millones de personas dado que prevé un aumento extraordinario de 13% a jubilados; titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y pensiones graciables; beneficiarios de pensiones honoríficas de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur; niños cubiertos por la AUH y titulares de la Asignación por Embarazo para Protección y; por último, niños cubiertos por las Asignaciones Familiares.
Entre los fundamentos, se menciona “un traslado masivo del costo a los bienes y servicios que componen la canasta básica”, fruto de la devaluación inicial producida por el actual Gobierno, a lo que se suma el “tarifazo” de luz, gas, agua y transporte y la deficiente implementación de las tarifas sociales.
También se detalla que el índice de movilidad anunciado en el mes de marzo, junto con el que se estima para septiembre, dará una movilidad anualizada para 2016 menor a la inflación reconocida por el propio gobierno que alcanza 46% anual. “El objetivo es cubrir en parte esa diferencia entre la movilidad de 2016 y la inflación, para paliar la pérdida de poder adquisitivo de las prestaciones de la Seguridad Social”.
En cuanto al financiamiento, prevé la utilización de la renta producida por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) durante 2014 y 2015, monto que asciende a $37.903.500.000 y $52.154.300.000, respectivamente.