A poco menos de dos semanas para las elecciones del 14 de noviembre, el Congreso de la Nación se presta a un “descanso” que, intuyen, puede ser prolongado si los resultados de las primarias no se revierten a favor del oficialismo.
Según fuentes parlamentarias todo parecería indicar que el presidente Alberto Fernández convocará a sesiones extraordinarias para lo que acontezca post 10 de Diciembre.
En la agenda del cuerpo el Presupuesto 2022 se encuentra “a la cabeza” de las prioridades para el tratamiento pero es difícil que llegue a convertirse en ley antes de la finalización del período ordinario de trabajo parlamentario el 30 de diciembre.
Entre los temas de relevancia en el oficialismo no olvidan mencionar el proyecto de Ley de Hidrocarburos que envió el Poder Ejecutivo y que quedó pendiente de debate, así como otros textos ligados a brindar mayor alivio fiscal y otros que apuntan a la actividad productiva.
Vale recordar que desde la llegada a la presidencia de la Dupla Fernández – Fernández, el Congreso no tuvo “vacaciones”. No sucedió en 2020 ni tampoco (con la Pandemia ya como protagonista) durante este 2021.
En ese periodo de “extraordinarias” el Presidente había solicitado el tratamiento de, al menos, unos 35 Proyectos de Ley, pero a la hora de la verdad sólo un tercio lograron ser aprobados.
Si acaso son mayoría en Senado el oficialismo no logró el quórum, lo que suceda en la composición de las cámaras tras elecciones serán fundamental para analizar el panorama próximo.
De no revertir lo que sucedió en las PASO, el Frente de todos podría dejar de ser la primera minoría en Diputados y perder el quórum propio en el Senado, dos herramientas vitales para avanzar con iniciativas propias y delegar el “consenso”.
Por otra parte, Diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para actualizar el régimen de delitos electorales del Código Nacional Electoral vinculado al uso de recursos públicos. A partir de una iniciativa de la radical Carla Carrizo, se solicita incorporar el reparto de subsidios, las transferencias discrecionales y las alteraciones presupuestarias durante el proceso electoral como prohibiciones expresas.
Más de 30 diputados/as de @juntoscambioar estamos pidiendo que se prohiba ese clientelismo y se incorpore como delitos en el Código Electoral. Debería incluirse en sesiones extraordinarias si es verdad que la política quiere recuperar su credibilidad en la ciudadanía
— Carla Carrizo (@CarlaCarrizoAR) November 1, 2021
Además, se establecen específicamente las sanciones a funcionarios que tengan conductas clientelares debido a la cantidad de actos que han ocurrido durante las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) y que no tienen una tipificación específica en la ley.
El texto se conoció luego de dos frenos que impuso la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría a iniciativas del Ministerio de Cultura que contemplaban el otorgamiento de subsidios para el área.