El Estado argentino post COVID debe ser un “Estado inteligente”. Por Maximiliano Campos Ríos

Desde que la OMS declaró que el COVID-19 era una pandemia, se fueron presentando diferentes escenarios para los Estados del mundo. Al poco tiempo de caminar descubrimos un nuevo vocabulario: testeos, trazabilidad, vacunas y tratamientos experimentales. Estas fueron algunas de las propuestas para gestionar la crisis. Pero quizás las más difundidas fueron las cuarentenas, las cuales en principio permitieron desacelerar la crisis sanitaria, pero que en el corto y mediano plazo sumaron a la misma una caída en las actividades económica, social, cultural y política, afectando especialmente a los sectores más vulnerables y especialmente en términos de empleo a los trabajadores informales. En América Latina, según la CEPAL y para contextualizar nuestra realidad, la contracción económica del 2020 fue del -7,7%.

Según este organismo, se trata de la mayor caída en 120 años, algo que pone bajo extrema presión a una región y un país con niveles de desigualdad extremos. En Argentina, según los datos de la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), se destacó que la pobreza aumentó del 35,6% al 40,2%, la indigencia subió del 7,7% a 10,8%, y la desigualdad pasó del 23% al 32,5%. En ese sentido, a más de un año de transitar esta “nueva normalidad” es necesario diagnosticar, plantear los desafíos emergentes, y pensar prospectivamente.

Responder con políticas públicas de calidad.

Las estrategias centradas en la salud pública, se encuentran con que la gestión de la emergencia debe incluir consensos entre los diferentes niveles de gobierno nacionales y subnacionales. Las disputas interjurisdiccionales sobre las formas y tiempos de las cuarentenas no son solamente un “hecho sanitario”, sino también un hecho político. La falta de acuerdos debilita y socava la legitimidad de las autoridades nacionales y locales, generando además mayores problemas.

En ese sentido, la estrategia del aislamiento en distintas fases dejó al descubierto el gran retraso argentino en materia de planificación estratégica, y en el uso de las tecnologías de información y comunicación social. La falta de acceso a servicios de internet, y de dispositivos de conexión adecuados, dio como resultado el aumento de las desigualdades en los segmentos más vulnerables.

Asimismo, dentro de la propia administración pública, el retraso respecto a la implementación del teletrabajo y las deficiencias estructurales provocaron también fuertes problemas, desde parálisis de trámites hasta déficits de infraestructura, ya que muchos de los trabajadores públicos se vieron obligados a utilizar sus propios equipos tecnológicos para acceder a información laboral sin tener los elementos y programas adecuados que debían utilizarse.

Por otro lado, hay que insistir sobre la importancia de profesionalizar la administración pública. El Estado Argentino debe enfocarse en tomar nota de las experiencias ajenas, ya que la crisis pareciera no retornar a la “antigua normalidad”. Para gestionar la emergencia, el Estado debe incorporar de manera definitiva la tecnología para un rápido acceso a la información y fortalecer la capacitación a los servidores públicos para abordar los problemas cada vez más complejos, readaptando las viejas estructuras, y fomentando el desarrollo de una nueva forma de gestión flexible y multifuncional que permita compensar la escasez de recursos.

El rol de la universidad y el Estado, hay que fortalecer el ecosistema.

El aprendizaje que queda, es la necesidad de planificar la reorientación de los recursos disponibles y aprovechar la coyuntura para generar un marco normativo sólido para la transparencia y rendición de cuentas. En ese punto, el rol y el soporte que puede brindar el sistema universitario al Estado es fundamental y debe ser fortalecido. El rol de la universidad debe articularse en todos los niveles administrativos creando un verdadero ecosistema, ya que los gobiernos subnacionales son los que están en la línea de base articulando las demandas sociales con las políticas para dar respuestas rápidas y basadas en evidencia.

Asimismo, es imperativo desarrollar capacidades estatales de gobernanza multinivel para avanzar hacia políticas y respuestas más efectivas. La emergencia trae la necesidad de que las políticas sean el fruto de la acción coordinada de los actores sociales, económicos y políticos. La horizontalidad de las políticas permite tener en cuenta la dimensión multidimensional y contemplar las necesidades de los diferentes sectores y distritos, ya que la gran cantidad de demandas sociales y la necesidad de responder con celeridad vuelven indispensables revisar y reforzar el sistema de cumplimiento normativo (o compliance) público. El compliance llegó para quedarse y cambia sustancialmente la vida y la gestión cotidiana.

En definitiva, el Estado tiene una ardua tarea por delante, en el cual el rol del mercado y de la sociedad civil no son menores, y para ello la clave es articularlos de manera inteligente, en donde el sistema universitario nacional, se constituye en una pieza clave en la construcción de un ecosistema bajo el cual se inserte un “Estado inteligente”