La Comisión Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, presidida por la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos), se reunió esta mañana de manera remota.
El encuentro comenzó con la designación de las autoridades pendientes. Por unanimidad fueron elegidos la diputada María Gabriela Burgos (UCR) como vicepresidenta y el diputado Lucas Godoy (FdT) y la senadora por Tucumán Silvia Elías de Pérez (UCR) como secretarios.
Tras destacar que “hay consenso de todos los bloques en la necesidad de la aplicación en todo el país del código procesal penal federal” y que “trabajaremos para que sea un éxito”, Fernández Sagasti presentó al fiscal federal coordinador del Distrito Salta, Eduardo José Villalba quien expuso sobre la implementación del sistema acusatorio y contestó inquietudes de los legisladores.
Villalba comenzó su disertación manifestando que “estamos muy orgullosos con los sistemas acusatorios en Salta y Jujuy y con ganas de replicarlo al resto del país”.
Sostuvo que “es un cambio radical, pasamos de una justicia caracterizada por el expediente a una justicia de carne y hueso que deja atrás la delegación y el juez contaminado con el legajo que no conoce el caso”. “El sistema acusatorio, a diferencia, da garantía de juez imparcial”, aseguró el fiscal federal.
Asimismo consideró que “este cambio me lleva a pensar que todo lo que hacíamos en el sistema mixto era ridículo”.
Villalba explicó que “Salta y Jujuy son jurisdicciones intensas por la frontera caliente que tenemos donde hay casos de trata, de droga, con mucho trabajo por los temas de contrabando y narcotráfico”.
Tras mencionar que “cuando se comenzó a implementar el sistema acusatorio la responsabilidad era enorme” y que “como fiscal no siento más poder pero sí muchas más obligaciones”, explicó que “hubo récords de sentencias condenatorias”.
Aseguró no obstante, que “una de las causas del fracaso del sistema mixto se debe a fiscales con compartimentos estancos. En un mismo hecho había 4 fiscales que tienen que conocer la causa de cero y el que conocía el caso, que es el fiscal de instrucción, no va a juicio”.
Asimismo Villalba explicó que hoy “se recobró el respeto a la Justicia. El art. 69 establece una sanción de rebeldía para una persona que no concurre a una audiencia y eso permitió que muchas personas puedan transitar el proceso en libertad, por supuesto no en delitos graves”.
“Hay que prestarle mucha atención a la Oficina Judicial ya que ahí está la clave del sistema. Si uno tiene una Oficina Judicial enérgica no va a dejar que haya ese volver a las otras formas», completó Eduardo Villalba.