El Frente Político Progresista Cívico y Social realizó el lanzamiento de su campaña formalmente esta tarde. En el acto realizado en el barrio porteño de San Telmo, los candidatos a diputados bonaerenses Ricardo Alfonsín, Margarita Stolbizer y Gerardo Milman presentaron los anuncios televisivos promocionando su espacio electoral y presentaron los principales lineamientos para las elecciones legislativas del 27 de octubre.
La estrategia de campaña parte de concebir una Argentina divida en dos. Por un lado se encuentra ‘Argen’ y por el otro ‘Tina’ (quizá aludiendo a ‘Cris-tina’). En esa división, la flamante coalición se propone como una fuerza capaz de unificar estas dos naciones. El slogan “venimos a unir el país”.
En diálogo con NCN, Ricardo Alfonsín sintetizó las principales propuestas. Detalló que buscarán “insistir con el 82 por ciento móvil para la jubilación mínima”. Y en sintonía facilitar una legislación para agilizar los juicios de los jubilados contra la Anses.
Otro de los puntos fuertes relatados por el legislador de la UCR es “modificar la ley de accidentes de trabajo que se aprobó hace poco con el apoyo del PRO”. Al respecto, Alfonsín indicó que “representa un retroceso muy grande para los derechos de los trabajadores”.
Asimismo, plantearon desde el nuevo espacio modificar el sistema tributario, al que calificó como “muy injusto”. El candidato a renovar su banca por la provincia especificó que la intención “no es solamente para que no paguen tanto los trabajadores y los jubilados. Sino para que paguen quienes están pagando muy poco. Pagan muy poco el juego, la megaminería, no paga la renta financiera, no se pagan beneficios eventuales”.
Además, aseguró que van “a normalizar al INDEC para que no engañen más a la gente”. El objetivo, planteó el referente del radicalismo, es forzar al Poder Ejecutivo a reconocer la inflación y tomar medidas para solucionarla. “De esta forma no van a poder decir que la inflación es de nueve puntos”, afirmó.
En la entrevista exclusiva con Alfonsín, subrayó que otro aspecto central es “prever algunas modificaciones al blanqueo (voluntario de capitales), por lo menos crear algunas comisiones bicamerales para que se investigue si algún acogimiento a la ley puede vulnerar lo que es la letra”. Subrayó que “la ley no permite que se blanqueen sumas provenientes de la corrupción, el tráfico de estupefacientes, armas o personas, pero los recaudos que toma para que estas cosas no ocurran son tan débiles que pueden pasar estas cosas”.