El Frente de Todos prepara su estrategia en la Cámara de Diputados para enfrentar una de las etapas más claves del proceso de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de la admisibilidad del enjuiciamiento y la apertura del sumario para juntar las pruebas que sostengan la acusación contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Cabe mencionar que la Comisión de Juicio Político tiene previsto votar el próximo 9 de febrero el dictamen.
En la primera reunión, el oficialismo logró quórum propio para comenzar con el debate a pesar del intento de los representantes de Juntos por el Cambio de boicotear el inicio de las sesiones. Los legisladores del interbloque opositor terminaron asistiendo al debate en la comisión, algo que fue leído desde el Frente de Todos como una legitimación del procedimiento de juicio político a los integrantes de la Corte, que impulsa el Gobierno nacional con el apoyo de gobernadores.
Asimismo, desde la Coalición Cívica buscarán solo la destitución de Lorenzetti, quien fue denunciado en distintas oportunidades por la líder del mencionado partido político, Elisa Carrió.
Desde el oficialismo promueven el juicio político contra los cuatro miembros de la Corte con el impulso del presidente Alberto Fernández y los gobernadores, quienes advierten que Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti incurrieron en la causal de mal desempeño en el ejercicio de su labor al frente del tribunal que ejerce el rol de superintendencia del Poder Judicial. Principalmente, las acusaciones del Gobierno se basan en el fallo del Máximo Tribunal que benefició a la CABA en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables. También, por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.
Además, se le cuestiona el haber legitimado en 2017 el cómputo del 2×1 para que Luis Muiña, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional. Otro de los causales son una serie de «irregularidades, incumplimientos y desmanejos» en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), que es administrada por la propia Corte.
El oficialismo señaló que el proceso se hará mediante el mecanismo de plenario y no a través de una subcomisión como sucedió en el pasado. Para que se abra la investigación, deberá ser aprobada primero la admisibilidad de los 14 pedidos de juicio político. A partir de la apertura del sumario, el oficialismo impulsará el pedido de documentación y diagramarán la citación a los testigos.
Por su parte, el Frente de Todos quiere convocar al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, a mandatarios provinciales, a Silvio Robles, vocero y mano derecha de Rosatti, y a Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño que se encuentra en uso de licencia.
También serán convocados como testigos los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Jorge Capitanich (Chaco); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Ricardo Quintela (La Rioja); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Sergio Ziliotto (La Pampa); Raúl Jalil (Catamarca); Mario Arcioni (Chubut) y Gildo Insfrán (Formosa).
La lista se completará con abogados expertos en Derecho constitucional y organismos de derechos humanos, entre otras entidades.
Para la segunda sesión del próximo jueves está prevista la exposición de los diputados del FdT Vanesa Siley, María Rosa Martínez, Pablo Carro y Eduardo Valdés, por los tres expedientes tramitados por el oficialismo.
También asistirán a esta reunión la Asociación Argentina de Juristas, que solicitó juicio político contra los cuatro magistrados, al igual que la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales, que lo hizo contra Rosenkrantz y Lorenzetti. Los particulares Antonio De Martino, Ricardo La Greca y Patricia Isasa darán sus fundamentos en relación al pedido que realizaron contra los cuatro integrantes, mientras que el abogado Pablo Llonto junto a Diego Sánchez lo harán sobre los escritos presentados en relación al desempeño de Rosatti en relación a las causas por crímenes de lesa humanidad.