22 de noviembre de 2024

NCN

Para que el ciudadano tenga el control.

El Frente de Todos presentó un proyecto que propone regular las aplicaciones de delivery

La Diputada Nacional del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires, María Rosa Martínez, con el acompañamiento de más de 20 legisladores y legisladoras del bloque, presentó un proyecto de Ley para la creación de un Registro Nacional Único y obligatorio para trabajadoras y trabajadores de plataformas en aplicaciones, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Según reza en su artículo 3: “El Registro Nacional Único y Obligatorio para trabajadores y trabajadoras de Plataformas en Aplicaciones (APP) tendrá por objetivo la sistematización, monitoreo y seguimiento de la información de las personas jurídicas empleadoras, como así también de los trabajadores y trabajadoras contemplados en el Artículo 5 de la presente Ley, que se desempeñen en las actividades reconocidas en el Artículo 4 de la misma, para la formulación e implementación de políticas públicas para el sector por parte del Poder Ejecutivo Nacional”.

Las actividades alcanzadas por la norma serán todas aquellas diligencias, transporte, entregas y/o retiro de sustancias alimenticias y/o elementos varios, hacia terceros realizadas en bicicleta rodada, motovehículo y/o automóvil y las personas humanas trabajadoras que ejecutan personalmente estas actividades a tiempo y jornada total o parcial, ya sea para cuenta propia o ajena, o bajo cualquier otra forma que haga presumir la existencia de una relación laboral dependiente.

La inscripción en el Registro será obligatoria para los empleadores, debiendo renovarse de manera anual, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones estipulados por la Ley, y tendrá como resultado la emisión de un certificado habilitante.

Entre otras cosas, los empleadores estarán obligados a contratar ART para sus trabajadores/as, establecer y denunciar horarios de jornada laboral y respetar el derecho a la desconexión.

Dentro de sus fundamentos, el proyecto sostiene “Estos trabajadores y trabajadoras han venido desarrollando estas tareas de forma precarizada e informal, siendo víctimas de la flexibilización laboral y desprovistos de derechos laborales” y agrega “(…) no poseen cobertura ante accidentes de trabajo, ni compensaciones económicas por ello. Tampoco cuentan con licencias laborales, límite a la jornada laboral, aguinaldo, vacaciones. En otras palabras, los/las trabajadores/as de este sector no cuentan con protección por parte del Estado. No gozan de ningún derecho ni protección conforme lo previsto por nuestra Constitución Nacional, la Ley de Contrato de Trabajo, los Convenios Colectivos de Trabajo, ni por ninguna legislación en materia laboral, encontrándose en un estado de desprotección y vulnerabilidad total”.