El Poder Ejecutivo envió este viernes por la noche al Congreso el proyecto que apunta a modificar el régimen de jubilaciones para jueces y miembros del cuerpo diplomático. El oficialismo intentará aprobar en sesiones extraordinarias, la intención es llevarlo al recinto la próxima semana.
La cuestión de las jubilaciones de privilegio había generado polémica durante el debate de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que se discutió en el Congreso durante diciembre. Allí, la oposición e incluso algunos oficialistas se quejaron porque jueces y diplomáticos quedaban al margen de la suspensión de la aplicación de la ley de movilidad previsional, que alcanzaba a la mayoría de los beneficiarios del sistema.
La idea del oficialismo parlamentario es debatir el proyecto la semana próxima o, a más tardar, después de los feriados de carnaval para obtener la media sanción en el período de sesiones extraordinarias. Descartada la idea de tratarlo esta misma semana, el Frente de Todos diseña una reunión conjunta de comisiones el miércoles 26 y una sesión el próximo jueves 27.
En tanto la oposición, mantuvo una reunión interna este miércoles alertada por la posibilidad de sesión, en la que decidió pedir que se realice un debate con funcionarios del gobierno. Juntos por el Cambio intentará que la normativa no tenga un «debate express».
El proyecto establece el aumento gradual de la edad jubilatoria hasta los 65 años y el cálculo de los haberes como promedio de los aportes de los últimos 10 años; además de aumentar un siete por ciento el aporte de activos del Servicio Exterior, entre otras cuestiones.
El texto propone también que la jubilación de los magistrados será equivalente al 82 por ciento del promedio de las últimas ciento veinte remuneraciones actualizadas, es decir de los últimos diez años.
En los fundamentos del proyecto, el gobierno nacional, señaló que en el marco de la emergencia pública en materia previsional “se ha propuesto fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, asegurando, al mismo tiempo, la sustentabilidad económica, financiera y actuarial del mismo en el largo plazo”
“Al respecto, debe advertirse que el creciente déficit que exhibe el sistema previsional, que ha alcanzado en los últimos años valores cercanos a los dos puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI), impone la necesidad de tornar las medidas conducentes a la corrección de tales desequilibrios”, indicó.
En ese sentido, remarcó que “el proyecto es parte de un conjunto de iniciativas propiciadas con el fin de reducir las inequidades existentes en el sistema previsional, en buena parte originadas por regímenes especiales cuyas reglas de acceso y determinación de los beneficios han consolidado verdaderos sectores de privilegio dentro del régimen público de reparto sobre el que impactan”.
Para el Poder Ejecutivo, “la preservación del principio de solidaridad requiere que la protección dispensada por el régimen especial guarde una estrecha relación con el esfuerzo contributivo de los afiliados, a fin de que el financiamiento de dicho régimen no sea solventado con los recursos comunes de la seguridad social”.
“Por ello, el logro de una adecuada proporcionalidad entre el haber y el esfuerzo de cotización asumido es una condición fundamental para prevenir la generación de una redistribución regresiva que en los hechos constituya al régimen jubilatorio especial en un régimen de privilegio”, concluyó.