El Gobierno de Jujuy denunció penalmente a Julio de Vido por fraude a la administración pública

El Gobierno de Jujuy denunció penalmente al ex Ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, por los supuestos delitos de fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En el marco de las investigaciones que se siguen a Milagro Sala como jefa de una asociación ilícita, en esta oportunidad se denuncia al ex funcionario kirchnerista porque -entre otras irregularidades- pautaba “adendas” a fin de entregar a la organización Tupac Amaru fondos para obras adicionales que nunca se cumplieron.

“No quedan dudas del actuar doloso de los denunciados cooperativistas, ya que los fondos recibidos fueron obtenidos a través de Addendas firmadas varios meses después de que informaran la finalización de las obras”, afirma el fiscal del Estado, Mariano Miranda, al respecto.

Los fondos autorizados por De Vido, con el concurso de los funcionarios de su área, ascienden a casi 150 millones de pesos (sólo por los períodos 2013-2015), a través de seis adendas. De ese total, Milagro Sala cobró efectivamente $86.625.000, mediante el sistema de endoso de cheques.

La denuncia, efectivizada en la Fiscalía de Investigación Penal Nº 2, a cargo de Gustavo Araya, fue presentada por el Fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, y el Fiscal Anticorrupción de la Provincia, Joaquín Millón, en la tarde del martes 23 de febrero. Este último, materializa así una de las primeras acciones propias de su función dentro de la nueva estructura gubernamental diseñada por Gerardo Morales. Ambos funcionarios concurrieron con el patrocinio letrado de la Procuradora General de la Provincia, Josefa del Valle Herrera.

Los denunciados son el ex Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido; y los ex funcionarios: subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta; secretario de Obras Públicas, José López; subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Germán Nivello, y el coordinador de Planes Nacionales y Viviendas Sociales de la Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Jujuy, Gustavo Carrizo.

La denuncia señala que esos funcionarios, a través de omisiones funcionales en sus deberes de control de gestión y, en algunos casos a través de conductas comisivas en la autorización de transferencias de fondos estatales, “efectuaron un aporte necesario sin el cual no hubiese sido posible el fraude a la administración pública consumado por los integrantes de la Cooperativa de Trabajo Pibes Villeros Ltda., integrada por Patricia Margarita Cabana, Javier Rosario Rivero, Iván Dante Altamirano, todos liderados por Milagro Sala, con quienes conformaban una asociación ilícita, cuyo objetivo era justamente defraudar a la administración”.

El detalle de las adendas con sus montos y el porcentaje que representan de la obra, se observa en cuadro que se adjunta a esta nota.

“Esta organización delictiva tuvo permanencia en el tiempo, existían acuerdos de distribución de roles y una organización que se traduce en la uniformidad de comportamientos comandados y dirigidos por Milagro Sala en su carácter de jefa de la asociación ilícita”, señala el escrito.

Los funcionarios denunciados consintieron las Addendas en el marco del “Programa Federal de integración socio-comunitaria” para la construcción de viviendas por medio de cooperativas, y a partir de ello, libraron los desembolsos y las respectivas órdenes de pago, aun teniendo pleno conocimiento de que ya habían finalizado las obras involucradas. Hubo una completa ausencia de los procedimientos de rendición de cuentas legalmente exigidos.

Nivello en Buenos Aires autorizó irregularmente transferencias de fondos, mientras en Jujuy Gustavo Carrizo libró órdenes de pagos dirigidas a cooperativas, pese a las serias anomalías existentes. Julio de Vido, Baratta y López, conductores y supervisores del Programa Nacional cuya financiación resultó utilizada para fines delictivos, están denunciados en tanto, teniendo deberes de control y fiscalización, facilitaron, a través de su obrar omisivo, el direccionamiento de estos fondos a las cooperativas mencionadas. Sus actos están encuadrados en los delitos de fraude a la administración pública (artículo 174 inciso 5º del Código Penal) Incumplimiento de los Deberes de Funcionarios Públicos (artículo 248 del Código Penal).

Los integrantes de la Cooperativa Pibes Villeros Ltda. centralizaron, por lo menos, algunos de los pagos irregulares, que incluso, presumiendo su legalidad, deberían haber sido dirigidos a diversas cooperativas de construcciones (aquellas adjudicatarias de las obras de vivienda). Esta centralización de fondos indican la existencia de un procedimiento fraudulento de cobro que permitía a algunas personas integrantes de la organización Tupac Amaru captar los pagos en representación de otras cooperativas y así definir discrecionalmente el destino final de los fondos públicos. Bajo las órdenes de Milagro Sala, su accionar se enmarca en el supuesto delito de Asociación Ilícita (artículo 210 del Código Penal).

Vale indicar que a partir del “Programa Federal de integración socio-comunitaria”, entre los años 2013 y 2015, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación rubricó junto con la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y varios municipios jujeños convenios para la construcción de viviendas por medio de cooperativas. Estos son los convenios que se habrían ejecutado y pagado por medio de la red de la Tupac Amaru en diversas etapas y en distintos municipios jujeños.

Todos los convenios habrían sido cumplidos, debidamente pagados y las obras terminadas, según constancias de los expedientes. Sin embargo, a pesar de haberse comunicado la finalización de las obras, por cada convenio específico la Subsecretaría de Desarrollo, Vivienda y Urbanismo, la UEP y los respectivos intendentes consignaron 6 Addendas, una por cada Convenio Específico, acordando “financiamientos adicionales” para “garantizar la correcta terminación de las obras”. Todos estos adicionales fueron solicitados y suscriptos en septiembre de 2014 o en marzo de 2015. Estas Addendas comprometieron un grupo de desembolsos que en total ascienden a $149.250.000, de los cuales, cuando menos, se pagaron, $86.625.000 por viviendas que ya habían sido terminadas.

No quedan dudas del actuar doloso de los denunciados cooperativistas, ya que los fondos recibidos fueron obtenidos a través de Addendas firmadas varios meses después de que informaran la finalización de las obras.