La reforma laboral no se debatirá en febrero por lo que el proyecto de ley quedará para después de marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias. La explicación que dieron distintas fuentes gubernamentales, habla del poco consenso “sindical y político”, refiriéndose a los dirigentes de la CGT y el PJ.
Fuentes de la Casa Rosada indicaron que se necesita «un nivel de consenso explícito», superior al que se presenta en este momento. Otro de los argumentos para enfriar el tratamiento de la reforma es evitar forzar el vínculo con los gobernadores, principalmente con aquellos que «colaboraron» para que Cambiemos sume votos en el Congreso para alcanzar la ley previsional.
Desde el Gobierno buscan evitar mayores costos para el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el jefe del bloque de los senadores peronistas, Miguel Ángel Pichetto. Dos protagonistas fundamentales de la saga que terminó con la aprobación de la reforma previsional, cuando fuera del recinto, en la calle, miles de personas se manifestaban contra la ley. El proyecto de reforma previsional quedó convertido en ley el 18 de diciembre pasado y derivó en la convocatoria de un paro general por parte de la CGT.