El juez Casanello se declaró «incompetente» y rechazó investigar los afiches contra Cristina Kirchner
La causa que investiga el escrache a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con afiches que la calificaban como “asesina” por la falta de vacunas contra el coronavirus, continúa pasando de juzgado en juzgado. Recientemente, el juez federal Sebastián Casanello se declaró incompetente y pidió que intervenga la Corte Suprema.
A fines del mes de agosto, después de que Cristina Kirchner pidiera ser querellante, el juez Manuel De Campos, que había avanzado sobre la pista de una jubilada del barrio porteño de Recoleta, también se declaró incompetente, motivo por el cual debió intervenir la Cámara Criminal y Correccional. Mencionado tribunal consideró esta semana que la causa debe investigarse en Comodoro Py: “Los sucesos pesquisados se vinculan con el entorpecimiento del ejercicio de la función de la querellante”, expresó la sala VII.
Pero, nuevamente Casanello rechazó la causa. A través de una breve resolución, explicó que “habré de mantener el criterio oportunamente sostenido en cuanto a la incompetencia de este Juzgado en razón de la materia respecto de los hechos aquí investigados y, en consecuencia, trabar contienda y remitir el correspondiente incidente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que resuelva el caso”. En tanto, la causa quedará en manos de la fiscal federal Alejandra Mangano.
Cabe recordar que los afiches contra la vicepresidenta aparecieron en distintas avenidas de la Ciudad de Buenos Aires durante la madrugada del 28 de marzo pasado. Allí se la acusaba de “asesina” y de ser “culpable de 35.000 muertes”. Inmediatamente, el presidente Alberto Fernández condenó el escrache mediante sus redes sociales y a partir de allí se abrieron tres causas judiciales.
Pese a que pasaron más de siete meses del episodio, aún no se pudo determinar quién fue el autor ideológico del mismo.
La causa que tramitaba en la justicia penal ordinaria, iniciada a raíz de una denuncia de Enrique “Pepe” Albistur, el publicista amigo de Alberto Fernández, tuvo pocos avances. Nunca se peritó el teléfono ni la computadora aportada por Lilian Melhem, de 61 años, la mujer de Recoleta acusada de haber pagado los afiches. Tampoco se pidió información sobre el mail que utilizaba la misteriosa mujer que se comunicaba con la imprenta. Paralelamente, en otro expediente a cargo del fiscal porteño Mauro Tereszko, se comprobó que los llamados entre la mujer y un empleado de la imprenta empezaron el 4 de marzo, 24 días antes de la pegatina.
Aunque los llamados provenían de un número desconocido, la empresa Telecom reveló que se realizaron desde un teléfono fijo registrado en la avenida Alvear al 1600, a pocas cuadras del domicilio de CFK. Melhem no vivía en ese domicilio y su voz tampoco coincide con los mensajes de audio que aportó el empleado de la imprenta.
Hasta el momento, el episodio se investigaba como una intimidación pública, de la cual Cristina Kirchner no era una víctima directa. Pero, la Cámara del Crimen equiparó el caso de los afiches a una amenaza de bomba en el domicilio de Cristina Kirchner. Y hasta habló de atentado.