La propuesta en debate propone sacar del fuero comercial las demandas y llevarlas al fuero contencioso administrativo. Se trata de una iniciativa que formaba parte del predictamen que el FPV impulsa en el marco de la unificación del Código Civil y el Comercial, pero fue apartada para abordarla en la Cámara baja.
El tema central de este proyecto es asentar la jurisprudencia de la Corte Suprema y considerar que el Estado, en demandas contra sus actos, es un sujeto de Derecho Público y no debe ser considerado como un particular más.
El articulado oficialista plantea regular las demandas que un particular puede ejercer por actividad o inactividad del Estado si se vieran afectados sus intereses “en armonía con los intereses públicos”. Además su texto estipular que “el supuesto de hecho que genera indemnizabilidad por la actividad estatal ilegítima procede cuando concurre el factor de atribución ‘falta de servicio’”. A su vez, detalla que si fuese a raíz de una actividad ilícita se “requiere de la concurrencia de ‘sacrificio especial’”.
La reunión fue encabezada por Diana Conti (FPV – Buenos Aires), presidente de las comisiones de Asuntos Constitucionales, y por Luis Cicogna (FPV – Buenos Aires), titular de Legislación General.