El oficialismo propone la creación de una Defensoría Nacional de Personas con Discapacidad
El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para crear la Defensoría Nacional de las Personas con Discapacidad, que busca garantizar la defensa y promoción de los intereses y derechos de las personas con algún tipo de discapacidad.
«Con este proyecto buscamos que el sector tenga una voz propia que defienda sus derechos para que tanto el Estado como otros ámbitos brinden las respuestas que el sector está esperando», sostuvo Valdés al argumentar su proyecto.
En un comunicado, el diputado nacional sostuvo que «las dificultades de las personas con discapacidad para acceder a las prestaciones que brindan tanto el sector público como privado son muchas y se vieron agravadas en el marco de la pandemia».
«Creemos que una Defensoría específica para este enorme universo, conformado por personas de todas las edades, extracciones sociales y provincias es un gran paso hacia un país más justo y solidario», destacó Valdés.
De acuerdo a la iniciativa, la Defensoría quedará bajo la órbita del Poder Legislativo, y tiene por objetivo «la defensa y protección de los intereses y derechos de las Personas con Discapacidad, tutelados por la Constitución Nacional, Tratados Internacionales y las leyes, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública nacional, entidades o personas jurídicas, públicas o privadas, que presten todo tipo de servicios, cuidados y asistencia».
- De aprobarse, el organismo alcanzaría a proteger los derechos de un amplio universo de tres millones y medio de argentinos y argentinas con algún tipo de discapacidad, según datos del Indec de 2018.
La iniciativa, que cuenta con las firmas de los diputados y diputadas del Frente de Todos, Rosana Bertone, Carolina Moisés, Juan Carlos Alderete, entre otros, está apoyada en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por las Naciones Unidas en 2006, aprobada en la Argentina en 2008 e incorporada en el artículo 75 de la Constitución Nacional a través de la Ley 27.044 en 2015.
Esa convención obliga a los Estados a «adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad».
Respecto a la selección del titular, la iniciativa establece que la figura del defensor o defensora será determinada por una comisión bicameral integrada por cinco representantes de cada cámara del Congreso, «que se llevará a cabo mediante concurso público de antecedentes».
El cargo tendrá una vigencia de cinco años, con la posibilidad de ser renovado por única vez.