El primer proyecto es el denominado de «razonabilidad en las tarifas de servicios públicos». Fue presentado y defendido por el diputado Diego Bossio, quien afirmó que «proponemos un mecanismo de ajuste tarifario que no exceda el ajuste de salarios, además de una rebaja en el IVA aplicado a los servicios públicos». Sometida a votación, la iniciativa no alcanzó los dos tercios para su tratamiento. Fueron 132 votos a favor del tratamiento y 106 en contra.
El segundo proyecto se refiere al régimen de tarifas subsidiadas en épocas estivales. El diputado justicialista Javier David afirmó: “No es justo que se pague más en el interior que en Capital Federal. Queremos poner límites razonables para entender qué pasa en cada rincón de nuestro país”. La iniciativa tampoco obtuvo los dos tercios para avanzar en su tratamiento. Sumó 139 votos afirmativos y 101 negativos.
El tercer proyecto fue presentado por la diputada justicialista Mayda Cresto y propone criterios diferenciales «para la equidad tarifaria federal». “Queremos tarifas justas y reconocimiento para los entrerrianos”, afirmó la diputada Cresto. Tampoco alcanzó dos tercios: fueron 134 votos a favor del tratamiento y 100 en contra.
La diputada del Frente Renovador Graciela Camaño se refirió al cuarto proyecto de ley, que propone declarar el estado de emergencia tarifaria para los consumidores y usuarios por un año, desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2018. “Las tarifas no pueden aumentar más que los ingresos”, afirmó. La iniciativa obtuvo 139 votos afirmativas y 101 en contra, sin alcanzar los dos tercios necesarios para su tratamiento.
El quinto proyecto plantea el congelamiento de tarifas de servicios públicos concesionados y la creación de una comisión para la auditoría, balance y revisión de las mismas. Nicolás del Caño (PTS-Fte. de Izquierda) solicitó la “anulación de las tarifas desde el 1° de enero de 2016”, y la realización de una “auditoría para conocer el destino que le dieron las empresas a los subsidios que recibieron en años anteriores”. El tratamiento de la norma fue respaldada con 129 votos afirmativos y 102 en contra. Tampoco obtuvo la mayoría especial que se requiere para su tratamiento.
Otra de las iniciativas propone “dejar sin efecto desde el 1° de enero de 2016 el aumento de tarifas de servicios públicos”. La diputada Silvia Horne (Peronismo para la Victoria) expresó: “Este proyecto debe tener en cuenta que se cumpla la ley: controlar a las empresas, verificar las obras realizadas y comprobar que las tarifas no superen el 10% del ingreso familiar”. Fueron 129 votos a favor del tratamiento y 103 en contra. Tampoco se alcanzaron los dos tercios para el tratamiento sobre tablas.
La diputada Victoria Donda (Libres del Sur) hizo referencia al régimen tarifario específico para organizaciones sociales y la modificación del articulo 25 sobre la prohibición de corte del servicio a las entidades de bien público por falta de pago. “Estamos empecinados en retrotraer el tarifazo. Necesitamos que se pongan en el lugar de los que viven con lo que ganan”, concluyó. La iniciativa obtuvo 120 votos a favor del tratamiento y 102 en contra. No alcanzó los dos tercios para ser tratada sin dictamen.
El diputado Axel Kicillof (FPV-PJ) defendió el octavo proyecto, referido a una tarifa social para cooperativas de trabajo de fábricas recuperadas. Afirmó que “el gobierno mintió cuando le dijo a la gente que el tarifazo era inexorable y que se hacía para reducir el déficit fiscal”. Sin alcanzar tampoco los dos tercios, cosechó 130 votos a favor del tratamiento y 100 en contra.
En cuanto al proyecto sobre tarifa diferencial para usuarios del Noreste Argentino (NEA) sin acceso a redes de gas natural, la diputada Inés Lotto (FPV-PJ) afirmó: “La norma busca generar equidad entre todos los usuarios radicados en las provincias de la región del nordeste argentino que aún no cuentan con el acceso a redes de gas natural”. Fueron 127 a favor y 101 negativos. Tampoco prosperó su tratamiento por falta de mayoría suficiente.
El proyecto número once sobre tarifa eléctrica diferenciada para los usuarios de las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Catamarca, Salta y la Rioja, obtuvo 126 votos a favor de su tratamiento y 100 negativos.
Otro de los proyectos requiere instruir al ENARGAS -Ente Nacional Regulador del Gas- para que incluya las tarifas de gas de uso domiciliario a la provincia de Mendoza, dentro de la «región patagónica», comprendida por las provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires. El diputado José Luis Ramon (Partido Intransigente) señaló: “Pedimos que se adecuen los recursos financieros y que se mire desde la óptica de la defensa del consumidor. Al servicio público debe tener acceso cualquier persona en todos los rincones de la Argentina. Este proyecto no tiene un tema político de por medio sino técnico”. Fueron 128 votos afirmativos y 98 negativos, sin haber alcanzado los dos tercios para ser tratado sin dictamen.
El diputado Juan Cabandié (FPV-PJ) hizo alusión a la norma sobre tarifas diferenciadas para establecimientos culturales y artísticos en los servicios de energía eléctrica y gas. “Evidentemente el pueblo tiene un problema y yo creo que ni a los diputados oficialistas se les escapa que hay un problema serio”, remarcó. Fueron 129 a favor del tratamiento y 102 en contra. No obtuvo tampoco los dos tercios para ser tratado sobre tablas.