El pedido de desafuero a Aida Ayala se discutió con el antecedente vivo de Julio De Vido
La justicia chaqueña presentó un pedido de desafuero a la diputada de Cambiemos, Aida Ayala, ex intendenta de la capital de la provincia. La solicitud a la Cámara de Diputados se basa en que la legisladora podría entorpecer una investigación judicial en su contra por el cargo que tuvo como funcionaria, algo parecido a lo que sucedió con el diputado Julio De Vido.
¿Qué paso puntualmente en la comisión de Asuntos Constitucionales? El oficialismo convocó a la comisión este miércoles para debatir el pedido de desafuero, en el debate propuso tomarse un tiempo para evaluar la documentación de la justicia.
Por su parte, el Frente para la Victoria advirtió una «distinta vara» en el oficialismo poniendo en el centro de la discusión el desafuero a Julio De Vido. En su defensa, Ayala pidió «que la decisión no se traslade al Congreso y que la juzgue la justicia».
Además, solicitó que se «rechace el pedido de desafuero y que sea la jueza la que tome la decisión de juzgarla».
La diputada Araceli Ferreyra (PPV-Corrientes) denunció «un trato distinto» entre el caso de Ayala y el de Julio De Vido. Se puso del lado de la diputada chaqueña y consideró necesario «parar con estos fallos de jueces con tintes políticos».
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli (PRO), explicó que ambos casos se plantearon de la misma manera en la comisión: «Se trataron pasados 10 días desde la llegada del pedido de desafuero».
Además, diferenció el pedido de desafuero a De Vido con el de Ayala. Según Tonelli, De Vido tenía un pedido de desafuero con sentencia firme de Cámara en la causa por venta de gas licuado, el caso de Ayala es el pedido de una jueza.
“En la próxima reunión de comisión se decidirá si se acepta o no el pedido de desafuero de la diputada Ayala solicitado por la Jueza”, anticipó Tonelli antes de concluir la reunión de comisión.
En ambos casos lo que debe juzgar Diputados es si aplica el pedido de desafuero dentro de la Ley de Fueros y no la culpabilidad ni la investigación judicial. Tanto De Vido como Ayala fueron funcionarios y se los acusa de «tener un poder residual que podría entorpecer la investigación».