Fue una elección tan reñida, tan pareja, que hizo que el conteo de cada voto tuviera un peso específico fenomenal. Por ese motivo, por tratarse sólo de décimas porcentuales las que separaban a un candidato de otro, por ser tan pequeño el margen entre quedarse con todo o con nada, es que Perú mantuvo en vilo a la región con una incógnita de varios días acerca de quién sería el nuevo presidente.
Keiko Fujimori, vencida en su tercer ballotage consecutivo -ya había perdido la presidencia frente a Ollanta Humala en 2011 y contra Pedro Pablo Kuczynski en 2016- intenta vender cara su derrota. Denuncia que se cometió fraude en su contra aunque no hay pruebas al respecto. Le pesan acusaciones por corrupción vinculadas a la multinacional brasileña Odebrecht y el legado político de su padre, Alberto Fujimori, que mantiene dividida a buena parte de la sociedad. Independiente de lo difícil que pudiera resultar asumir otra derrota, Keiko necesita que el nuevo gobierno nazca débil si pretende tener aún una carrera política.
Pero el verdadero protagonista de este momento de la vida política del país es otro. Un peruano impensado.
¿Quién ese ese hombre?
José Pedro Castillo Terrones es un profesor, rondero, dirigente sindical y político de 51 años. Su función como
Cobró notoriedad a nivel nacional por ser el principal dirigente en la huelga de docentes de 2017 que alcanzó varias regiones del país y se extendió durante 75 días. Los manifestantes exigían, entre otras cosas, un aumento de sueldos.
La candidatura de Castillo creció sobre todo en las dos semanas previas a las elecciones presidenciales del pasado 11 de abril. El fastidio de amplios sectores de la población con una dirigencia política encerrada en su propio microclima y que exhibió -al menos en los últimos cinco años- un completo desdén por las necesidades sociales, tuvo consecuencias. Los peruanos y las peruanas manifestaron mediante el sufragio popular su enojo con los partidos políticos tradicionales. La pandemia de Covid-19 expuso aún más el contraste social ya existente, la inequidad y la injusticia social. A la luz de ese inconformismo con la oferta tradicional, proliferaron candidaturas presidenciales de las vertientes ideológicas más diversas y las elecciones legislativas arrojaron como resultado un Congreso de composición atomizada, con 10 bancadas sobre 130 escaños.
Pero volviendo a Castillo, quizás haya que buscar el secreto de su éxito en la subestimación de sus rivales y del poder fáctico que nunca lo consideró una opción viable. Hasta sectores de la misma izquierda peruana lo han subestimado. Los propios analistas electorales no lo vieron venir.
Lejos de las redes sociales, había un país de carne y hueso que escuchaba a Castillo decir «¡nunca más un pobre en un país rico!». Justamente allí, en el pueblo rural y del interior del país, está la base electoral de Castillo. La población de Lima y la costa norte, más tradicionalista y más identificada con los intereses macroeconómicos votó por Keiko Fujimori. El resto del país, especialmente la población andina, sobre la cual no se derraman los beneficios de los éxitos macroeconómicos, votó por Castillo.
Reformas para un país inclusivo
El candidato de izquierda propuso una serie de reformas estructurales que implican, entre otras cosas, un cambio sustancial en el modelo económico peruano. Y no anda con pequeñeces. Impulsa la idea de convocar a una Asamblea
Entre otras cosas, este sistema busca la nacionalización de sectores estratégicos tales como el minero, el gasífero y el petrolero. Castillo no es comunista ni está en contra de la actividad privada, pero dice que ésta debe traducirse en «beneficio de la mayoría de los peruanos».
También ha planteado la idea de un fuerte aumento en el presupuesto destinado para la agricultura y la educación, ha criticado el actual sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) -proponiendo el fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones- y ha expresado que se deben reformular los tratados internacionales de Perú para dejar de ser un «país sometido» a los Estados Unidos. En lo que se refiere a política judicial, Castillo ha propuesto «desactivar» el Tribunal Constitucional y dotarlo de nuevos representantes elegidos por la ciudadanía.
Pero si bien en lo político institucional y en materia de política económica Castillo apunta a reformas profundas, es extremadamente conservador en materia social. Se ha mostrado en contra de políticas sociales como la despenalización del aborto o el matrimonio igualitario (defiende la familia “tradicional”), se opone a incluir la perspectiva de género en la educación y es conservador en temas como la lucha contra la inseguridad, apoyando la “mano dura” en términos de orden público.
Sus posturas respecto de la economía presagian conflicto, especialmente con los sectores del poder económico constituido y las multinacionales, respaldados por políticos afines a esos intereses y una mirada desconfiada desde la Casa Blanca. Sus detractores gritan a los cuatro vientos que el país se convertirá en la Venezuela bolivariana. Esos sectores son muy fuertes en Perú y serán una fuente de inestabilidad para gobernar -en el peor de los casos- o una garantía de control -en el mejor de ellos-. El Congreso, atomizado, será un ámbito especialmente peligroso para el nuevo presidente.
Ahora habrá que esperar hasta el 27 de julio, cuando los nuevos legisladores asumirán sus funciones, y el 28 de julio, cuando el presidente y sus vicepresidentes electos harán lo propio, durante la celebración de las Fiestas Patrias en el marco del Bicentenario de la Independencia. Un nuevo capítulo de la frondosa historia de Perú está por comenzar.
