El Senador del PJ Miguel Ángel Pichetto anunció anoche 26/03 a través de su cuenta en Twitter la creación de un proyecto de Ley para controlar la base espacial de China que está en la provincia de Neuquén. Esta base es cuestionada, la catalogan de misteriosa y muchos la llaman «una caja negra» que no tiene supervisión alguna por parte del Estado.
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El líder del PJ y senador Miguel Ángel Pichetto anunció a través de las redes sociales que solicitó controlar la base espacial de China que está en la provincia de Neuquén.
«Presenté un proyecto de ley para crear una comisión bicameral que controle la estación china de explotación espacial ubicada en Neuquén. Estará integrada por 7 diputados y 7 senadores que tendrán acceso irrestricto a las instalaciones y a toda documentación pertinente», escribió el senador en su cuenta en Twitter.
Presenté un proyecto de ley para crear una comisión bicameral que controle la estación china de explotación espacial ubicada en Neuquén. Estará integrada por 7 diputados y 7 senadores que tendrán acceso irrestricto a las instalaciones y a toda documentación pertinente.
— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) 26 de marzo de 2019
La base aérea de China en Neuquén, es una concesión de 20 hectáreas del país por 50 años que otorgó la Senadora Cristina Kirchner en 2015, año en la que era Presidente de la nación.
La realidad sobre la base China en Neuquén es que nunca quedó muy claro el motivo de su existencia, pero desde el Gobierno de CFK aseguraban que el único compromiso de China era el de usarla para fines «pacíficos». Sin embargo, la diplomacia de otros países sospechaba en ese momento que la base pudiera interceptar comunicaciones, sospechas que hasta ahora siguen existiendo y que el presidente Mauricio Macri nunca se interesó en revisar.
Según un exhaustivo informe periodístico de la agencia Reuters, la base científica ubicada a 40 minutos de automóvil de Las Lajas -una pequeña ciudad de 7.000 habitantes- se trata de una «caja negra» que carece de supervisión por parte del Estado argentino.
El diagnóstico es en base a cientos de páginas documentales aportadas por el gobierno nacional y revisadas por expertos en derecho internacional.