8 de noviembre de 2024

NCN

Para que el ciudadano tenga el control.

Inquilinos e inmobiliarias expusieron en el primer debate de la reforma de la Ley de Alquileres

Desde las 13.30 y durante más de cuatro horas, se llevó adelante el debate por la reforma de la Ley de Alquileres.

Con 43 invitados representando a inmobiliarias, propietarios e inquilinos, se llevó adelante con modalidad mixta (presencial y remota) en el Anexo C en el marco del tratamiento en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados por del debate para reformar la Ley de Alquileres (27.551).

Entre los invitados a exponer sus intereses como actores de la problemática a resolver en torno a los alquileres, se encuentran referentes de provincias tales como Jujuy, Tucumán, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Santa Fe, Salta, Misiones, Río Negro, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz, Neuquén, La Pampa, Mendoza, Catamarca, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Chaco y Corrientes.

En Diputados, el oficialismo y la oposición acordaron un plazo de 30 días hábiles para aprobar el nuevo proyecto.
Frente a la búsqueda de consenso sobre el dictamen que modifique los puntos más conflictivos de la norma como es la extensión de los contratos y fórmula de ajuste, se presentaron también iniciativas para introducir otros aspectos referidos a la temática.

A cada uno de los expositores se le permitió hablar durante 5 minutos sin intercambio con preguntas de los legisladores.

La ronda de oradores la abrió Giovanni Tessaro, jefe del Departamento Jurídico de la Dirección de Defensa del Consumidor de Chaco, quien se refirió a la problemática del alquiler para los jóvenes estudiantes, quienes en la mayoría de los casos “optan por contratos que no cumplen con la Ley de Alquileres porque aportan un aumento semestral, a raíz que les brinda mayor seguridad y previsibilidad al momento de la contratación”. Por eso, pidió contemplar “la perspectiva joven” y subrayó que “es necesario regular los precios de los alquileres que son onerosos”.

Matías Sironi, del Colegio de Corredores Inmobiliarios del Chaco, destacó que “salvo algunos puntos acertados o clarificadores la norma no contribuyó a dar solución a la crisis habitacional, a incrementar las plazas disponibles, a facilitar el acceso a la locación, a la continuidad de las relaciones locativas en forma ordenada, sino que por el contrario profundizó la escasez de oferta, disparó los valores iniciales, y tornó menos previsibles y menos flexibles las condiciones contractuales para ambas partes”.

De los 42 oradores, un poco más de la mitad correspondían a colegios de martilleros, quienes coincidieron en que “ninguna modificación va a terminar solucionando el problema de los alquileres mientras haya tanta inflación. La inflación es el problema”. Además, estuvieron de acuerdo con la modificación de la ley, puntualmente en bajar de tres a dos años los contratos y que las actualizaciones sean de forma semestral.

Por otro lado, hubo 9 de asociaciones de inquilinos que respaldaron la Ley de Alquileres quienes pidieron que los contratos continúen siendo de tres años porque “sí da previsibilidad y que las actualizaciones sean cada un año. También solicitaron que «no se derogue la ley y que los diputados se tomen su tiempo antes de resolver el tema y no actuar de manera acelerada”.

Asimismo defendió el plazo de dos años en los contratos pues “acusaba menos dificultades para encontrar un equilibrio entre las partes” y destacó que “el aumento único y anual determinado por la ley votada el año pasado impide una gradualidad que acompañe incrementos salariales”.

Roberto Díaz, de la Unión Inquilinos de Rio Negro, señaló que en su provincia “hay personas que están viviendo en carpas, en autos, en colectivos y personas que se tuvieron que ir de sus ciudades. La mitad de los contratos no están cumpliendo con la ley. La mitad de los inquilinos se queja de que los contratos que se están firmando son con aumentos semestrales y hay “aumentos entre el 100% y 120%”.

«Esas inequidades están expulsando a familias que no son de clase baja, sino son policías, docentes, trabajadores formales por lo que la situación es muy preocupante y el inquilino se ve muchas veces forzado a firmar cosas que están fuera de la ley sin respaldo por parte del Estado” enfatizó.

A su turno, por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de San Luis, Fernando Olcese manifestó: “No es culpa nuestra todo este faltante de vivienda que existe hoy. Yo creo que es todo solucionable; la nueva Ley de Alquileres tiene artículos que son muy buenos”. Y aseveró que “las actualizaciones de los montos locativos que hoy por hoy es favorable al propietario. Este mes tocó un aumento de 55%. Es una locura, nunca hemos trabajado con esos montos, pero es lo que la ley nos manda”.

El jefe de la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario, Alfredo Salinas contó que en 2021 se recibieron “1.181 denuncias provenientes de inquilinos e inquilinas de nuestra ciudad, dentro de las cuales 5 de cada 10 relatan incumplimiento a la Ley de Alquileres vigente. Habría que preguntarse si es que la ley fracasó, no funciona o que la ley no se está cumpliendo y hay sectores que están haciendo lo posible para que esto no se cumpla”.

Y agregó que «los cobros indebidos a la discriminación de expensas que la ley estipula, también la firma de contratos por un plazo menor y el incumplimiento sobre el artículo de las reparaciones urgentes”. Y destacó que las inmobiliarias les piden indexaciones y lo de la no registración es permanente”.
Para terminar pidió gravar a la vivienda ociosa.

Más adelante, Gabriela Ortiz de Urbina, del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, señaló que «la norma afectó principalmente por el tema del plazo y el incremento. Los 36 meses en nuestra economía, en la economía argentina, es demasiado tiempo. No existe ningún otro producto o servicio que se ajuste una sola vez al año con la inflación que hay en el país».

En ese sentido pidió «volver a los contratos con vigencia de 24 meses y las actualizaciones escalonadas”. También pidió “la desgravación impositiva a la construcción de nuevas viviendas y una ley de blanqueo que permita la compra de lo usado con obligación de ocho años en alquiler”.

Por su parte, César Lera, de la Asociación de Inquilinos de Jujuy, subrayó que “el inquilino es la parte débil del contrato y debe ser asemejado al consumidor en igualdad de herramientas y con el Estado presente.Porque en Jujuy hay 36,2% de pobres y 6,3% de indigencia, al tiempo que el mayor empleador es el Estado provincial”.

Y detalló: «un alquiler de un ambiente comienza en 20 mil pesos, dependiendo de la zona”. Sin embargo al contemplar los gastos completos de un inquilino mostró que, por ejemplo «un docente que recién inicia y gana 49 mil pesos debería tener para ingresar a un alquiler 79 mil pesos». También destacó que «el aumento del alquiler para quien cumple un año es del 54,8%, mientras que el aumento para un empleado público es del 20%, en forma escalonada».

Para el representante de los inquilinos «el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que habla de acceso a la vivienda digna, debe ser interpretado operativamente como la protección del Estado a los inquilinos para que accedamos dignamente a un techo con nuestras familias”.

Las jornadas con invitados continuarán la próxima semana, los días martes 19 y miércoles 20 de este mes. Mientras que los días 26 y 27 de abril, los legisladores se abocarán a la discusión de los proyectos, con el objetivo de sacardictamen.