El proyecto de reforma judicial sumó varias objeciones en la segunda audiencia de la cámara alta

El proyecto de ley de Reforma Judicial impulsado por el Poder Ejecutivo sumó varias objeciones en la segunda audiencia que se llevó a cabo en el Senado de la Nación, durante un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta.

• La iniciativa fue rechazada por la mayoría de los invitados a la reunión remota, quienes cuestionaron la oportunidad de la presentación de la iniciativa, aspectos vinculados con las subrogancias y el mantenimiento del sistema inquisitorio en detrimento del acusatorio, contenido en el nuevo Código Procesal Penal.

El Senado comenzó a tratar el proyecto de ley enviado por el gobierno de Alberto Fernández el último martes, con la presencia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo.

Las audiencias continuarán la próxima semana con la presencia, en principio, del exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni; y del exconsejero de la Magistratura, Alejandro Fargosi, como representante del Colegio de Abogados de Buenos Aires.

• De los siete convocados por los senadores a la audiencia remota de ayer 06/08, el único que se manifestó a favor de la reforma fue Emanuel Desojo, presidente de Abogados por la Justicia Social (AJUS) de La Plata-Berisso-Ensenada, quien celebró la iniciativa y dedicó el primer tramo de su exposición a cuestionar el desempeño del Poder Judicial en los años del gobierno de Mauricio Macri, al señalar que se trató de «una justicia al servicio del Poder Ejecutivo».

Desojo señaló que «hubo un deterioro institucional» en el Poder Judicial en los últimos cuatro años y consideró que el proyecto tiene como finalidad evitar «maniobras que buscan saldar discusiones políticas» y separar al Poder Judicial «del poder político y mediático«.

En cambio, Alberto Garay, abogado magíster y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, consideró que «es noble la preocupación por la independencia del Poder Judicial», pero evaluó que «cualquier reforma que se haga en la justicia federal en lo penal tiene que ser muy meditada porque todo el capital que tiene es la confianza que tiene la población».

El letrado opinó que el proyecto enviado por el PEN «adolece de algunas inconsistencias técnicas», calificó como «desmedido» el aumento de jueces federales de 12 a 40 y declaró que «hay una falta de constatación empírica sobre la necesidad de tantos juzgados federales en CABA, cuando quizás hagan falta mucho más en el resto de las provincias».

El abogado especializado en asuntos penales Marcos Salt sostuvo que «es necesaria una reforma a la justicia federal» por los «graves problemas que atraviesa desde hace muchísimo tiempo», aunque señaló que en la forma en que está propuesto el nuevo sistema «no colabora» a reorganizar el Poder Judicial, sino que «atrasa y es antiguo».

«Es malo este proceso de organización», indicó, y añadió que no ve «beneficio alguno en unir la justicia federal con el fuero en lo penal económico».

• En el mismo sentido se expresó Raúl Heredia, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, expresidente del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, exdiputado provincial peronista y convencional constituyente provincial en 1994.

Si bien elogió como «pertinente, necesario y urgente» la apertura de «un proceso de reforma», indicó que «este proyecto crea órganos que pueden estar contradiciendo la finalidad del sistema acusatorio».

Luego de asegurar que «la mayor reforma que el Congreso tiene como asignatura pendiente es alcanzar el juicio por jurados», opinó que «hay una contradicción en la multiplicación de órganos que sigue apegada a una cultura del juez feudal y no se avanza hacia la idea de un juez decisor».

• El presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alberto Seijas, quien firmó una acordada junto a sus pares en la que consideraba que el proyecto carecía de «sostén constitucional», cuestionó el modo en que se transferirán a la justicia porteña las competencias de los delitos no federales cometidos en su territorio.

Su intervención fue observada por el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista neuquino Oscar Parrilli, quien le preguntó si haber dicho que «esta ley es inconstitucional no resulta en prejuzgamiento».

«La Cámara no consideró inconstitucional la ley. Fue un título periodístico. El texto de la acordada no dice esto. Es una simplificación extrema que hicieron los medios», se defendió Seijas.

En tanto, el abogado constitucionalista y miembro del Foro de Estudios para la Administración de Justicia (Fores), Alfredo Vítolo, remarcó que «el proyecto no contribuye a solucionar los problemas de la Justicia» y señaló que «si bien la decisión final corresponde al Congreso, en su preparación deben participar las ong, los jueces, los abogados, los fiscales».

«Es innegable que cierto o no, para un sector importante de la ciudadanía el proyecto sólo busca generar ámbitos de impunidad en la investigación de causas de corrupción que involucran a personas que integran el actual gobierno o son cercanas a él», indicó.

Finalmente, el representante de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, dijo que coincidía con las expresiones del presidente de la Nación cuando señaló que «iba a ser un férreo defensor de la independencia del Poder Judicial», pero también cuestionó que se le dé la espalda al sistema acusatorio.

«El texto sólo habla de la unificación de fueros y de la creación de juzgados. Y sólo se limita a crear 23 fiscalías», expresó, para luego sostener que «la sociedad pretende una mejora en el sistema de justicia pero este proyecto se está presentando en un momento donde la mirada de la sociedad está puesta en otras preocupaciones».

• Además, Gallo Tagle opinó que «lo ideal del proyecto sería que se le puedan despolitizar las suspicacias que hoy se generan mediáticamente» y afirmó que «con independencia del Poder Ejecutivo que estuviera al frente del gobierno nacional» siempre existió «algún tipo de amedrentamiento» hacia los jueces.