El receso y los proyectos sociales pausados en el Congreso
Con el receso de invierno quedaron en el tintero por lo menos una docena de proyectos ligados a las minorías, la ecología y los movimientos sociales. Todas estas iniciativas no han sido tratadas en Comisión o no se movieron de la Mesa de Entradas en el primer semestre del año.
Creación del Monotributo Productivo. Es quizás, uno de los más importantes. Y además fue presentado por el presidente Alberto Fernández. El mismo establece el reemplazo del actual monotributo social, garantizando el monotributo gratuito por dos años con el componente de jubilación y salud para todos los contribuyentes que estén inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP). Recién en el tercer año se pagará la mitad del componente previsional.
Protección y fortalecimiento de los territorios periurbanos productivos. Es una propuesta presentada por el diputado Federico Fagioli del Frente Patria Grande. La iniciativa busca financiar y apoyar a los pequeños productores que están en los alrededores de los grandes conglomerados poblacionales de todo el país. El proyecto define como «Territorio Periurbano Productivo (TPP) a aquellas áreas dedicadas a la producción de alimentos, flores, materias primas de la agroindustria alimentaria y actividades que proveen servicios agrícolas al sector, orientados a circuitos cortos de consumo de las ciudades y/o a mercados nacionales y que se llevan a cabo mayoritariamente por agricultores familiares».
Declaración de emergencia pública nacional en materia social por violencia de género contra las mujeres y diversidades. El proyecto aspira a que sea activado “por el término de cinco años con el objetivo primordial de disminuir el número de personas en situación de violencia”. Es una iniciativa presentada por la diputada Verónica Caliva, de la Corriente Clasista y Combativa. Está acompañada por otro proyecto que establece la creación de un «Programa Nacional de Promotoras Territoriales en Prevención de la Violencia por motivos de Género para impulsar la formación de 100.000 promotoras territoriales para prevenir y erradicar la violencia por motivos de género en todo el territorio nacional».
Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina (SINCA) para coordinar un conjunto de políticas públicas de cuidados que de forma integral y articulada tiendan a garantizar una organización social del cuidado accesible y de calidad. Una iniciativa del Presidente y el Ministro de Trabajo Claudio Moroni. En este contexto presentaron otro texto elaborado junto a las organizaciones sociales. El mismo busca intervenir en «la inequitativa distribución y organización social del cuidado es una de las principales causas de las brechas económicas de género como la brecha salarial, la feminización de la pobreza, la segregación en el mercado laboral, pero también de la desigual calidad de cuidados que reciben niños y niñas, personas con discapacidad y personas mayores», fundamenta el texto en el que además reconoce “la existencia de la economía del cuidado basada en las personas, en su mayoría mujeres, que trabajan en el cuidado de personas y su trabajo no es debidamente remunerado ni reconocido”.
Ley de Cuidados Comunitarios. La misma establece un reconocimiento «a las tareas de cuidado que históricamente realizan los movimientos sociales en los barrios populares, principalmente las mujeres». El proyecto fue presentado por la diputada Natalia Souto, del FdT.
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Envases y Reciclado Inclusivo. La iniciativa establece una formalización del sistema de reciclado. Cabe destacar que la misma fue muy resistida por las cámaras empresarias porque establecía una tasa variable con un máximo del 3% sobre el valor del envase que debía ser pagado por las empresas que no tuvieran un programa de reciclado circular de los envases que fabrican. El proyecto logró tener dictamen de mayoría pero según los legisladores del Frente Patria Grande “quedó frenada por el lobby de Coca Cola».
Ley de humedales. Presentada por el diputado Leonardo Grosso, del FdT, tiene en su haber cuatro tratamientos, y sin embargo ha perdido estado parlamentario. Así y todo, este año volverán a impulsarla desde la Comisión de Recursos Naturales y Ambientes.
Régimen de Recuperación de Unidades Productivas. El proyecto presentado por el diputado Leonardo Grosso del FdT sostiene que «toda unidad productiva que se encuentre en estado de cesación de pagos, cierre del establecimiento, abandono de sus titulares, desmantelamiento, vaciamiento por parte de las/os empleadores, disolución de la sociedad con causal de liquidación o de cierre por cualquier causa, y sin perjuicio de los procesos judiciales que pueda o no tener iniciados, podrá ser expropiada y cedida en favor de los trabajadores de la misma que se hallen conformados en cooperativas de trabajo o en trámite de constitución y que deseen continuar con la actividad productiva».
Emergencia Nacional en Materia de Consumos Problemáticos. El proyecto está impulsado por la diputada Natalia Zaracho, la primera cartonera que llega al Congreso. La iniciativa busca atender “el abordaje integral de los consumos problemáticos, teniendo como ejes su prevención y tratamiento, así como la inclusión social de aquellas personas que se encuentran afectadas».
Prórroga de la Ley 26.160 para tratar la «la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas». La iniciativa está firmada por Cecilia Moreau, Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva. La última prórroga venció el día 23 de noviembre del año 2021 y frenaba los desalojos en marcha. La propuesta dispone la «realización de un relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras que habitan las comunidades indígenas a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), no ha sido cumplido en su totalidad».
Creación del marco regulatorio de la pesca artesanal en las aguas pluviales y lacustres interjurisdiccionales. La iniciativa impulsada por el diputado Federico Fagioli define una serie de instrumentos para formalizar esta actividad. Al respecto el texto argumenta: «la pesca artesanal forma parte de la economía popular, de ella se abastece el mercado interno en general, y a la vez, representa una de las principales fuentes de alimentos para miles de comunidades rurales y pueblos originarios en nuestro territorio». “Se trata de una actividad creadora de fuentes de empleo y recursos genuinos indispensables para el sostenimiento de las economías familiares, que contribuye a prevenir la pobreza extrema y a garantizar la seguridad alimentaria con un alto valor nutricional».