En la sesión del día jueves en el Senado, se sancionó la Ley de Seguridad de Presas y Embalses, una iniciativa presentada por el senador Julio Cobos.
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El Senado de la nación aprobó la Ley de Seguridad de Presas y Embalses que cuenta con el aval del Comité Argentino de Presas y del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), de la Academia Nacional de Ingeniería y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Este proyecto fue una iniciativa que presentó el radical Julio Cobos.
En ese contexto, el Senador Cobos señaló que “es muy importante que hayamos sancionado hoy esta ley que establece las condiciones de seguridad que deberán cumplir las presas, diques y embalses, definiendo las obligaciones y responsabilidades de sus titulares», dijo.
Y siguió: «El objetivo principal es contar con un marco jurídico que proteja a las personas, al medio ambiente y a los bienes. Las obras civiles como edificios, caminos, obras hidráulicas; requieren de una etapa de diseño, construcción, mantenimiento y en algunos casos de operación. Cuando hablamos de presas y embalses, la operación pasa a ser la más importante en muchos de los casos», detalló sobre el proyecto.
Cobos explicó que en Argentina «tenemos alrededor de 720 presas, de las cuales 220 son de envergadura. Pero a diferencia de las obras edilicias que poseen códigos de edificación y de estructura para referir así las normas que debe cumplir cualquiera obra que se proyecte; esto no sucede en el caso de las presas y embalses, que son unas de las obras civiles en las cuales hay que extremar las normas de seguridad. Es un proyecto muy técnico pero que es indispensable para poner condiciones de seguridad tanto en el proyecto como en el mantenimiento, en la operación y la gestión de riesgo”, describió.
“Las presas y embalses son parte de la infraestructura crítica para el país por su vulnerabilidad a las catástrofes naturales como de acciones antropogénicas, por lo que es indispensable contar con los controles adecuados para preservar el potencial riesgo que implica para las personas y bienes ubicados aguas abajo. Hoy los controles en las de presas de jurisdicción directa nacional los ejecuta el ORSEP, en otros casos los ejercen autoridades provinciales o locales, pero en muchos otros casos esos controles no se realizan”, agregó Cobos.
El exgobernador de Mendoza explicó que “la seguridad de presas involucra un conjunto de actividades técnicas, administrativas, organizativas y de difusión, de monitoreo, vigilancia y protección, tendientes a proteger la vida y bienes de las personas expuestas a las consecuencias de una posible crecida ordinaria o extraordinaria, falla o rotura de alguna presa, ataque vandálico o violación de la seguridad operativa”.
El legislador radical señaló que “es deber del Estado velar por la seguridad de las personas, frente a actividades que pudieran ocasionarle un daño, como podría ser un mal funcionamiento o falla en una presa»
Y agregó que «esta norma pretende mejorar el nivel de seguridad de los habitantes que viven aguas abajo de una presa y también preservar el patrimonio económico, social y cultural de esos habitantes. Es importante aclarar que no se interfiere con el derecho al uso y administración del recurso que ejercen las provincias mediante la generación de un marco legal y administrativo adecuado», dijo.
«La revisión periódica y permanente del estado de las presas recibe una especial consideración en la mayoría de los países donde el recurso hídrico ha sido ampliamente aprovechado. Es una actividad que el Estado no puede dejar de regular en forma específica, de allí que la seguridad de presas como herramienta básica de prevención nos exige que legislemos instrumentos idóneos a fin de proteger derechos fundamentales”, puntualizó.