El Senado aprobó y convirtió en ley, tras un extenso debate de más de cinco horas, el nuevo marco de la producción de biocombustibles que reemplaza al que funciona desde hace quince años y que propone un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel y del 12% entre naftas y bioetanol.
La iniciativa fue aprobada pasada la una y media de la mañana (Con 38 votos afirmativos, 21 votos negativos y 3 abstenciones) luego de sancionar un proyecto que crea el Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes que permitirá que los monotributistas no deban afrontar ninguna deuda acumulada por la diferencia resultante entre lo que pagaron entre enero y junio y los nuevos valores establecidos por la ley 27.618.
La medida que deja sin efecto la sanción que el Senado aprobó el 30 de octubre de 2020, y giró a Diputados, recibió el apoyo del oficialismo y de algunos legisladores de la oposición que representan a las provincias de Jujuy y Tucumán, beneficiadas con la medida, por ser productoras de caña de azúcar.
El proyecto sobre Biocombustibles propone que, en el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria, mismo porcentaje para el bioetanol a base de maíz.
Por el contrario, los principales cuestionamientos provinieron de los senadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, distritos que son productores de granos.
El Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustible prevé exenciones relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Ganancias para la adquisición de bienes de capital u obras de infraestructura y dispone que los bienes afectados no integrarán la base de imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta establecido por la Ley Nº 25.063.
También dispone que los biocombustibles no estén alcanzados por la tasa de Infraestructura Hídrica, por el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, por el impuesto denominado ‘Sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, o sobre la importación de gasoil así como tampoco por los tributos que en el futuro puedan sustituir o complementar a los mismos.
El presidente de la Comisión de Energía, el sanjuanino José Uñac, dijo que la iniciativa «termina con la incertidumbre y las especulaciones y abastece al mercado interno y externo».
«El proyecto impulsa el crecimiento social, diversifica la matriz energética y continua con la industrialización», indicó.
En cambio, la opositora mendocina Pamela Verasay, calificó al proyecto como «otro salvavidas para YPF» y que «lo que no se dice es que el negocio del peronismo que con una mano privatizó y con la otra estatizó, le costó a la Argentina 25 mil millones de dólares».
«Esta ley lo único que busca es lavarle la cara al balance de una YPF totalmente quebrada por mérito del kirchnerismo», sentenció.
En cambio, la peronista santafesina María de los Ángeles Sacnun, enfatizó que «este proyecto va hacia un modelo de desarrollo integrado y no estoy de acuerdo con el lobby petrolero ni con el cerealero».
«La concentración impide la proliferación de pymes. Esta ley contribuye a romper con ese lobby y a generar un modelo de país más federal y equilibrado», explicó.
Por el contrario, la también santafesina pero del Interbloque Parlamentario Federal, Alejandra Vucasovich, cuestionó la postura de su comprovinciana y la acusó de «no tener la camiseta de Santa Fe puesta».
«Nos han cortado los brazos. Parece que algunas provincias somos de segunda, con ciudadanos de cuarta», sentenció.
En cambio, la radical Silvia Elías de Pérez, sostuvo que «como tucumana y defensora del bioetanol, acompañaré esta ley, aunque votaré en contra del artículo ocho que habla de la mezcla de los combustibles».
«Ojalá que se sienta la desesperación cuando gente que produce, que trabaja, que apuesta al futuro, que crea empresas y fuentes de trabajo, ve que el Congreso sanciona una ley que las liquida, que les pone un cerrojo, que casi les pone bandera de remate», expresó la macrista cordobesa Laura Rodríguez Machado.