La cámara alta comenzó el tratamiento de la resolución «anti-buitre»
El senador nacional Ruperto Godoy (FPV – San Juan) ofició de miembro informante en el debate que busca sancionar en ley la declaración de orden público de los principios básicos para reestructurar deudas soberanas que aprobó la Asamblea General de Naciones Unidas.
Consideró que la declaración de la ONU fue un cambio de paradigma impulsado por la gestión kirchnerista de las deudas externas. Manifestó su orgullo por el posicionamiento argentino y estimó que se trata de una medida «muy importante» para enfrentar a los grupos minoritarios, los fondos buitres, que quieren salir adelante. Esta aseveración es contrastada por sectores de la oposición que consideran que al no ser una resolución vinculante ni retroactiva carece de importancia.
A su vez, Godoy remarcó el proceso de reestructuración que comenzó el ex presidente Néstor Kirchner y su ministro de economía Roberto Lavagna en 2006 y la defensa de los canjes de cara al conflicto con los holdouts de parte del gobierno de Cristina Fernández. Asimismo, subrayó la solidaridad para sostener la reestructuracion de parte de diversos foros internacionales.
El proyecto de ley para ratificar y declarar de orden público los nueve puntos aprobados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para futuras reestructuraciones de deudas soberanas ingresó ayer a la cámara alta.
La iniciativa que comenzó a discutir 15.30 el Senado fue promovida por la Casa Rosada. Al respecto, la presidenta Cristina Fernández en cadena nacional resaltó que «el Estado reitera su compromiso con la comunidad internacional por orden un financiero mas justo y equitativo».
La resolución, que fue celebrada por un amplio espectro del arco político argentino, limita el accionar de los fondos especulativos a través de nueve principios que dan marco a un sistema legal global para los procesos de reestructuraciones de deuda soberana.
Los aspectos centrales del articulado promovido por Naciones Unidas estipula que los países tienen el derecho de diseñar su política macroeconómica y que no debe ser limitada por “medidas abusivas”. Asimismo indica que debe haber un principio de buena fe por parte de deudores y acreedores con un diálogo constructivo.
Por otra parte, la medida establece que el proceso de reestructuración debe ser transparente e imparcial. Además, debe garantizar el trato igualitario con todos los países y respetando el principio de inmunidad soberana. También que la reestructuración no debe afectar el crecimiento sostenible y la inclusión de los países deudores.