El Senado de la Nación pidió que se rechace el amparo presentado por los senadores del PRO Luis Juez y Humberto Schiavoni para que se disponga sus respectivas designaciones como representantes titular y suplente ante el Consejo de la Magistratura y no la de sus colegas oficialistas, Martín Doñate y Guillermo Snopek, informaron fuentes judiciales.
La presentación fue realizada por la directora de Asuntos Jurídicos de la cámara alta, Graciana Peñafort, ante el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials, quien le había dado un plazo de 5 días para contestar la presentación realizada por los senadores del PRO.
«El planteo judicial que nos ocupa conlleva la intención de que V.S. proceda a subvertir el sistema de control de constitucionalidad resolviendo una cuestión ‘política’ inherente exclusivamente al ámbito del Poder Legislativo», sostuvo la abogada Peñafort en el informe presentado este mediodía.
«La mera disconformidad con los temperamentos adoptados en el marco del ejercicio democrático de las facultades exclusivas y excluyentes del Poder Legislativo no permiten ni evidencian la existencia de controversia legal alguna que importe la intervención del Poder Judicial sobre el ejercicio de las facultades propias de otro Poder del Estado Republicano», agregó.
La abogada invocó en su informe ejemplos de otros casos en los que algún sector de la política recurrió al Poder Judicial para zanjar discusiones que correspondían al Poder Legislativo, como lo fue la discusión sobre la posibilidad de realizar sesiones parlamentarias virtuales durante en el marco de la emergencia sanitaria desatada por el coronavirus.
«Recordemos que, en el caso de la interpretación de las sesiones virtuales en el marco de la emergencia sanitaria, algo que no poseía antecedentes similares y que implicaba una interpretación novedosa del Reglamento, implicó un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que claramente excluyó dicha competencia del arbitrio jurisdiccional, disponiendo expresamente que aquello resultaba competencia de la propia Cámara», sostuvo.
«Entendemos que debe quedar absolutamente en claro que no hay causa cuando, como en autos, lo que se procura es tan sólo que el Poder Judicial se pronuncie sobre el acuerdo político en la constitución de los Bloques Parlamentarios. Más aún cuando los supuestos afectados por dicha actividad no han realizado acción alguna en el marco de sus competencias legislativas para reconducir una supuesta situación que entendían vulneradora de sus derechos», agregó la letrada que incluyó en su presentación el Reglamento de la Cámara de Senadores.
Juez y Schiavoni judicializaron la designaciones realizadas por la el Senado de la Nación para el Consejo de la Magistratura después de que la vicepresidenta designara a Doñate en representación de la segunda minoría de la cámara alta a partir de la división de la bancada del Frente de Todos en dos bloques: Unidad Ciudadana y Frente Nacional y Popular.
La disputa por las bancas del Consejo de la Magistratura comenzó luego de vencido el plazo que había fijado la Corte Suprema de Justicia para que el Congreso sancionara una nueva ley para el órgano que participa de la selección de los jueces.
Como esa nueva ley aún no fue sancionada (hay un proyecto con media sanción por parte del Senado), la Corte ejecutó su fallo de diciembre pasado en el que se ordenaba que, de modo provisorio, el Consejo de la Magistratura volviera a estar integrado por 20 miembros (en lugar de 13), lo que implicaba sumar, entre otros, a un diputado y un senador por la segunda minoría de cada cámara.