Elías de Perez: «La ley de responsabilidad penal empresaria es una herramienta vital para combatir la corrupción en el país”
Antes de tratarse la ley de responsabilidad penal empresaria en la Cámara Alta, la senadora nacional Silvia Elías de Pérez adelantó que el proyecto tiene como misión brindar un marco para seguir transparentando la relación entre el sector público y el privado, y generar mecanismos que eviten la corrupción.
“El cambio que empezó la Argentina también abarca la responsabilidad penal de las empresas”, sentenció la parlamentaria radical, pero aclaró que la iniciativa busca generar “un cambio cultural en la relación entre el Estado y las empresas contratadas para para realizar una obra o para prestar servicios”. En relación a este punto, agregó que para “eso es necesario un marco legal claro que permita la prevención, la detección, la investigación y la sanción de estos delitos”.
Elías de Pérez explicó que el objetivo principal de esta ley es hacerle frente a los delitos de corrupción contra la administración pública. Para esto, se crea un marco especial que se integra al Código Penal. También se incorpora una figura para casos de soborno internacional (cohecho internacional) que hasta ahora no existía.
Por otro lado, el proyecto propone incorporar un “programa de integridad” en las empresas que estipula mecanismos de control, planificación, y procedimientos internos de promoción de la integridad para prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos de corrupción.
A su vez, también se prevé el “acuerdo de colaboración eficaz” entre una empresa y el Ministerio Público Fiscal, en el marco de una causa de investigación de delitos contra la administración pública y cohecho internacional. Este acuerdo permite el intercambio de información para identificar personas tanto de la empresa como del sector público, datos precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes, y el recupero del producto o las ganancias del delito.
El proyecto de responsabilidad penal empresaria fue enviado por el gobierno Nacional al Congreso el año pasado, y cuenta con media sanción de Diputados, que incorporó modificaciones a la versión original. No obstante, la semana pasada la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado sacó un dictamen con nuevos cambios, en vista a los reparos de los diferentes especialistas. De este modo, se espera que el proyecto, luego del tratamiento por parte de los senadores, vuelva a Diputados con importantes modificaciones, que van más en línea con la primera versión redactada por el Ejecutivo.
Entre los cambios más notorios, se estipulan los delitos de cohecho y tráfico de influencias, nacional o transnacional; las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; la concusión, previsto por el artículo 268 del Código Penal; el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; y balances e informes falsos agravados. Además, se elimina del texto remitido por Diputados la Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, puesto que esta figura fue fuertemente objetada por todos los juristas que participaron del debate.
La referente de Cambiemos remarcó que el proyecto que se tratará el próximo miércoles «es una herramienta vital para combatir la corrupción en el país”. “Casos resonantes como los de Odebrecht o como los del IPV —que venimos denunciamos en Tucumán— podrán ser abordados con instrumentos más efectivos. Está claro que las empresas también deben recibir sanciones penales cuando incurran en delitos», finalizó.