Elías de Pérez presentó amparo ante la Corte Suprema tucumana y denunció el “avasallamiento institucional” del sistema judicial de su provincia

La senadora nacional por UCR-Tucumán Silvia Elías de Pérez, junto con el legislador tucumano José María Canelada, presentaron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Tucumán en el que solicitan la inconstitucionalidad de la ley provincial 8.983, que establece la separación del Ministerio Público Fiscal del Ministerio Público Pupilar y de la Defensa. Asimismo, pidieron al máximo tribunal que dicte una medida cautelar de no innovar con la que se suspenda la aplicación de la norma hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Según el escrito, la ley que reforma al Ministerio Público se encuentra viciada “de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” y “crea una situación de gravedad institucional afectando el principio de división de poderes, avanzando sobre las potestades y atribuciones otorgadas constitucionalmente al Poder Judicial, lo que la convierte en inconstitucional, en tal sentido debe pronunciarse esta Corte Suprema de Justicia”.
Por otra parte, argumentan que la norma “inconstitucionalmente otorga la plena atribución de superintendencia al Ministro Fiscal y Ministro de la Defensa, concediéndoles la potestad de disponer la distribución y ubicación del personal vinculado al Ministerio Publico Fiscal y Ministerio Pupilar y de la Defensa”.
“Queremos advertir a los tucumanos que el Gobierno atenta contra la seguridad jurídica de todos. Intenta destruir el último bastión que tiene un ciudadano para reclamar por el avasallamiento institucional de sus derechos”, señaló Elías de Pérez.
La semana pasada, la parlamentaria había informado al ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, que la reforma del Ministerio Público Fiscal de Tucumán atenta contra “la independencia judicial y garantiza la impunidad de funcionarios afines al gobierno de Alperovich, Manzur y sus amigos”. Además, la nueva ley le otorga al actual ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez, la suma del poder y “permitirá que las causas penales se traten con parcialidad o directamente no sean investigadas”, cuando involucre a personas vinculadas al oficialismo tucumano.
Según Elías de Pérez, el nuevo sistema otorga a Jiménez, ex ministro de Gobierno de Alperovich, “una discrecionalidad total, ya que permite la libre decisión sobre designaciones, ingresos, ascensos, licencias, asistencias, liquidación de remuneraciones. Además tendrá la capacidad para crear organismos y divisiones administrativas, y la autoridad para organizar la Policía Judicial”.
Agregó que “queda a su cargo el sistema de subrogancias, por lo que tendrá total discrecionalidad en la elección de los reemplazos de los fiscales ante inhibiciones y recusaciones, y en la organización y distribución de las causas penales, decidiendo de manera discrecional a qué fiscal le deriva determinada causa”.
“Como en un rompecabezas, esta es la pieza que faltaba para sellar la matriz de corrupción alperovichista-manzurista”, remató la vicepresidente de la UCR nacional.
A su turno, Canelada, presidente del bloque de la UCR en la Legislatura de Tucumán, advirtió que el gobernador Juan Manzur “no está dispuesto a sanear la baja calidad que dejó el alperovichismo, sino más bien a ser su continuidad. Las modificaciones al Ministerio público crean un Ministerio a gusto y placer del actual ministro”