La filtración de 11.9 millones de documentos de los Pandora Papers puso a la Argentina en el podio mundial: con 2,521 personas detectadas como dueñas de estructuras offshore, es el tercer país —detrás de Rusia y Reino Unido— con mayor cantidad de beneficiarios directos de este tipo de sociedades. Si se mira el número de empresas involucradas, el país también queda en los primeros lugares del ranking: ocupa el quinto lugar con 1,448 compañías radicadas en paraísos (o guaridas) fiscales.
Entre los protagonistas de esta noticia encontramos a algunos de los más poderosos empresarios del país junto a estrellas del fútbol, exfuncionarios y consejeros políticos, y a los familiares de algunos expresidentes.
Pero a pesar de la magnitud del fenómeno, toda esta escandalosa información revelada por los Pandora Papers sobre Argentina solo generó un ruido en la agenda mediática por menos de una semana. ¿Por qué? En principio, no existe una conciencia masiva de que una parte importante de las recurrentes crisis económicas argentinas tienen que ver con la conducta patrimonial de los más ricos del país. A eso habría que sumarle que la indignación en cuanto a tomar ventajas de cualquier sistema parece ser un sentimiento que responde fuertemente a cuestiones de clase.
La periodista argentina Nancy Pazos repasó algunos números interesantes: la Argentina ocupa el puesto 62 a nivel global del Producto Bruto Interno (PBI) per cápita, siendo 0.87% del PBI mundial y aglutina 0.6% de la población mundial. “Estar en el podio de dueños de paraísos fiscales nos revela como el país con más ricos evasores por habitantes del planeta”, asegura Pazos. El contraste de esos datos es que 40.6% de las personas en Argentina viven actualmente en situación de pobreza.
Los datos son inapelables: los argentinos tienen fuera del sistema financiero nacional un total de 249,971 millones de dólares, según el último dato oficial que corresponde al segundo trimestre de 2021. Y estas no son inversiones en la economía real de otros países, ya que 94% (unos 235,685 millones de dólares) es dinero guardado en cajas de seguridad, metidos en el colchón o en depósitos fuera del país. Para dimensionar estas cifras: el total de activos externos equivale a 65% del PBI argentino o es incluso mayor a los 218,862 millones de dólares de deuda externa bruta, según el Instituto de Estadísticas.
El contraste con el fenomenal nivel de fuga de divisas es el empobrecimiento de la economía y de la población Argentina. Y, lo que es peor aún, su altísimo nivel de endeudamiento, uno de los problemas recurrentes de la economía nacional que, a tan solo meses de cumplir 20 años del monumental colapso de 2001, parece repetirse como una pesadilla que nunca se termina.
La naturalización de la conducta económica y tributaria de los más acaudalados no es producto de la casualidad, sino una estrategia construida por esos sectores que lograron validar socialmente una lectura que solo les conviene a ellos: pagar impuestos financia un Estado ineficiente y corrupto. Pero este argumento antipolítica es una trampa, ya que la única manera que conocemos, al menos por ahora, para organizar la vida de las personas en comunidad son los Estados. Y para que estos sean productivos, es necesario fortalecerlos.
Pagar impuestos tiene mala prensa. Allí se ancla el desinterés colectivo a un fenómeno trágico para la Argentina. Según estimó el periodista argentino Alejandro Rebossio, el país pierde el equivalente al salario de 421,000 enfermeros al año producto de la evasión y elusión de las sociedades offshore.
Al mismo tiempo que se conoce esta filtración, la Argentina está negociando (por enésima vez) cómo pagar una parte de su deuda. Esta vez el interlocutor es el Fondo Monetario Internacional (FMI), un organismo que es partícipe necesario de reeditar la tragedia de Argentina por haberle concedido (con fines “políticos”, como confesó el propio expresidente Mauricio Macri) el mayor préstamo de su historia.
Así que, como deuda y fuga son las dos caras de la misma moneda, es hora de que la cuenta también se distribuya con en base en la magnitud de la crisis. Si necesitan acomodar las cuentas públicas, más que un ajuste sobre el gasto social, lo que debería suceder es aumentar la contribución de los sectores que fueron (y son) parte del problema.
