En el paro de judiciales, la Legislatura porteña aprobó traspasar la Justicia
Ayer fue la segunda jornada de paro del sindicato de judiciales en rechazo a la transferencia. El PRO, apoyado por el bloque de Martín Lousteau, firmó el despacho de convalidación del convenio. La decisión final la tendrá el Congreso.
La Legislatura porteña aprobó en comisión el convenio del traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad, en la segunda jornada de paro del sindicato de judiciales en rechazo a la transferencia que se realizó ayer.
El PRO, apoyado por el bloque de Martín Lousteau, entre otros, firmó el despacho de convalidación del convenio que se conforma en cuatro pasos, ya que se transferirá (de avalarlo el Congreso), la Inspección General de Justicia (IGJ), Registro de Inmuebles, fueros penales (algunos juzgados vacantes) y justicia del consumidor.
La aprobación en el recinto tiene preferencia para ser tratada el próximo jueves y será con debate. El titular del Consejo de la Magistratura porteña, Enzo Pagani, festejó la decisión de legisladores que ayer se reunieron en la comisión de Asuntos Interjurisdiccionales que comanda Juan Nosiglia (radical/Lousteau).
Además, el bloque ECO que integra ese diputado entregó en el Senado y Diputados un pedido a autoridades para que apoyen la transferencia , fundamentando la reafirmación de la autonomía porteña. Uno de los convenios establece el traspaso de la competencia en temas de consumidores que incluye el pase de ocho Juzgados Nacionales de Primera Instancia en Relaciones de Consumo; tres Fiscalías; tres Defensorías Públicas Oficiales; seis vocalías de la Cámara Nacional de Apelaciones; Fiscalía ante la Cámara Nacional de Apelaciones y una Defensoría. Otro proyecto también despachado es sobre la transferencia de la IGJ (en todas las materias no federales).
El tercer convenio es para traspasar competencia penal no federal sobre delitos contra personas, honor, integridad sexual, libertad, propiedad, seguridad pública, orden público, administración y fe pública. El cuarto convenio es para transferir el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) en todas las materias no federales, incluyendo transferencia de bienes y del personal, lo mismo que en el discutido caso de IGJ.
El despacho se aprobó en comisión con votos del PRO (que tiene mayoría en ese grupo), bloque de Nosiglia, y Bloque Peronista. Se opuso la camporista Paula Pennaca y del kirchnerismo también Gabriel Fuks se abstuvo pidiendo más tiempo para conocer el proyecto que, como se tratará con debate en bancas, tendría ahí mismo modificaciones.